En diciembre del año pasado, detectives del CTI de la Fiscalía capturaron por orden judicial al exsecretario de Planeación de El Paso, Luis Alberto Rizo, de 51 años, investigado por presuntas irregularidades en el contrato de construcción del Hospital de La Loma, Cesar.
El exfuncionario era requerido por los delitos de peculado por apropiación, falsedad ideológica en documentos públicos y prevaricato por omisión. Los hechos investigados corresponden al contrato de construcción de obra civil para el Hospital de La Loma, corregimiento del municipio El Paso.
Esta obra, lastimosamente, ha estado marcada por las polémicas. Seis años han pasado desde que se proyectó su construcción en seis meses, sin embargo, entre cinco prorrogas y cinco suspensiones, no han logrado concluirlo, mientras, el tiempo deteriora lo construido y el monte crece sin control.
El caso es que el pasado mes de junio, el gobernador Luis Alberto Monsalvo, bajo cuya primera administración se contrató la obra, visitó el centro de salud para firmar un nuevo cronograma y poner en marcha el hospital. Incluso, dio a conocer que la Gobernación del Cesar emitió un certificado con disponibilidad para contratar la dotación del Hospital.
HALLAZGOS
En medio de todo esto, la Fiscalía y la Alcaldía han puesto los ojos en esta polémica obra. Además de la captura en diciembre del exsecretario de Planeación de El Paso, la Contraloría General abrió una indagación preliminar luego de encontrar hallazgo con incidencia fiscal.
El hallazgo está relacionado con el control y supervisión en la ejecución del convenio interadministrativo y el contrato por parte de la supervisión. Según la Contraloría “se puede ver la ausencia de un control permanente sobre la actividad desarrollada por el supervisor e interventor, hecho que sin lugar a duda desencadena que los bienes y servicios contratados por el municipio no satisfagan la necesidad y por ende no se traduzca en un bienestar general para las comunidades objetivo”.
Además, las múltiples prorrogas, suspensiones y adiciones presentadas durante la ejecución del contrato, que ocasionaron el incremento al valor y al plazo inicialmente estipulado, “demuestran una deficiente planeación por parte de la administración departamental”.
Pero las revelaciones más preocupantes de la Contraloría señalan, primero, la existencia de presunto hallazgo fiscal materializado en inversión de recursos públicos en obras con fallas estructurales en sus inmuebles que amenazaban demolición inminente por ruina.
Además, se habla de detrimento patrimonial en las obras del hospital, fundamentado en ítems pagados y no ejecutados, obras pagadas que no cumplen con aspectos técnicos de calidad.
En noviembre del 2020, la Contraloría ordenó abrir una indagación preliminar fiscal por término de 6 meses con el objeto de recaudar los medios probatorios relacionados con los hechos constitutivos del hallazgo fiscal, el daño fiscal, entidades afectadas y presuntos responsables fiscales.
Según las autoridades municipales, hay un pronunciamiento emitido desde la Contraloría General en el cual habla de un presunto detrimento patrimonial y afectación en daño que puede ascender a los $3.800 millones de pesos.
Ojalá dentro de la nueva programación se pueda terminar la obra y entre en operación, porque el actual centro de salud ya se quedó pequeño ante la demanda de una población en constante crecimiento.
Por Redacción EL PILÓN.