Ha estado sobre el tapete el asunto de los macabros falsos positivos. “Las evidencias de esta audiencia (Casanare) coinciden con otras en Norte de Santander, Dabeiba o la costa Caribe y muestran que, a pesar de diversidades regionales, los falsos positivos siguieron un patrón criminal común. Estos asesinatos fueron el resultado de la política de premiar las bajas, por encima de eventuales capturas o del logro de seguridad en un territorio”, sostiene el constitucionalista y analista Rodrigo Uprimny.
Así continúa su columna en El Espectador: “La presión asfixiante de altos mandos, como el General Montoya, a las unidades militares para que presentaran esas bajas, incluso en regiones en que había pocos combates, generó el incentivo macabro de que oficiales y suboficiales engañaran a jóvenes pobres, que eran secuestrados y asesinados para ser reportados como muertos en combate. El círculo atroz se cerraba porque quienes cometían esos crímenes, en vez de ser sancionados por sus superiores, eran premiados y condecorados y avanzaban en la carrera militar, mientras que quienes se resistían a esas prácticas eran marginados o incluso asesinados, como le sucedió al valiente subteniente Suárez Caro”
“El resultado: los falsos positivos fueron masivos entre 2003 y 2008, al punto de que superaron los 6.400 casos, según ha documentado la JEP. Más del doble de todos los asesinatos y desapariciones ocurridos durante la dictadura de Pinochet”.
Luego se cuestiona el papel del gobierno responsable y cómo la posición del expresidente Álvaro Uribe Vélez no ha sido consistente. Explica, el columnista, cómo ha llegado éste a desacreditar a la JEP. Esa censura al proceder del exmandatario la expone también en editorial de ayer el director de El Espectador Fidel Cano.
Después de un razonado análisis Uprimny dice que: “Uribe tiene razón en que no ha sido presentada ninguna prueba de que hubiera ordenado esos falsos positivos. Es más, yo honestamente no creo que los haya ordenado. A pesar de eso, Uribe tiene una grave responsabilidad”, (responsabilidad de mando).
“Pero incluso si Uribe no incurrió en la responsabilidad penal de mando, es clara su responsabilidad moral y política. Los falsos positivos no solo fueron una consecuencia de una política de su gobierno, sino que fueron masivos. No resulta creíble que un presidente con el estilo de microgerencia de Uribe haya desconocido semejante macrocriminalidad que fueron los falsos positivos”, concluye Uprimny.
En este último aspecto nos parece que debe evaluarse la responsabilidad que pudo tener el entonces ministro de Defensa Juan Manuel Santos.
Lo paradójico es que anoche mismo el expresidente se ha venido contra Rodrigo Uprimny, adjuntando comunicado de su abogado Granados, exhibiendo intolerancia al abordar el asunto. Bien haría en ir a la JEP, como ha sido invitado, a contar su verdad.
En Valledupar fuimos también testigos en audiencia pública de esas confesiones monstruosas de los hechos de los militares del Batallón La Popa. La sola mención, nos horroriza.