El Fiscal Montealegre, en camarilla judicial, con énfasis señala que en el Congreso de Colombia reciben y tratan a las Cortes y a él con “agresión y con violencia” verbales y por esa razón fracasó en esa rama del poder público procurar una reforma constitucional en algunos temas de la justicia, es decir, ese mecanismo de democracia deliberativo decayó en la perspectiva de la flamante Comisión Interstitucional de la Rama Judicial.
Pero lo que sin duda advierte Montealegre es que en un horizonte de tres o cuatro años han de tener serios compromisos judiciales por sistemáticos hechos donde median suficientes motivos y circunstancias fácticas que indican la posible existencia de comportamientos punibles en el cumplimiento de sus tareas jurídicas. Mutatis mutandis, así le está pasando al expresidente Uribe, quien en desafío institucional se hizo elegir Senador para estar permanentemente expuesto a ser investigado y juzgado por la Corte Suprema de Justicia. También en menos de tres años, Uribe estará privado de su libertad. Así lo hemos pronosticado.
Uribe lo presiente tanto que en una diligencia de versión libre (etapa preprocesal), presentó un desordenado memorial multitematico y no en torno de la realidad fáctica que era materia de esa diligencia, esto es, la cuestión del Hacker Sepúlveda. La estrategia defensiva siempre tendrá como constante que se trata de un enjuiciamiento a su gobierno y no de comportamientos que estructuran una conducta descriptivamente delictiva.
Montealegre conoce bien que la existencia de un funcional Tribunal de Aforados tal como se viene estructurando, visiblemente expone que él como los magistrados de las altas cortes puedan ser pronto sujetos de decisiones judiciales con dientes y control para aconductar sus desmanes y abusos. Ese es el temor, por eso a toda costa buscarán atravesarse a la reforma constitucional que trata de avanzar en algo, frente a la manifiesta impunidad que gozan todos ellos.
Nunca habrá ocasión de hacer una reforma constitucional en tal sentido porque siempre se planteará que no solo es inoportuna sino que eternamente será coyuntural porque dizque los congresistas actuaran con retaliación, cuando lo que demuestra la historia tragicómica del país es el ostensible temor reverencial (y de todo tipo) del Congreso, frente a las cortes, principalmente a la Corte Suprema de Justicia en su Sala de Casación Penal y el patente recelo de la clase política a la todopoderosa Fiscalía General de la Nación y sus fiscales delegados orientados por un extrañamente descontrolado fiscal general que fuera un extraordinario académico y un elocuente expositor teórico de derechos fundamentales.
Ahora cuando ha fungido de fiscal general y no cuando ocupo otros roles, se revela un rarísimo personaje especulativo y un autoritario aplicador del derecho. Siempre esperábamos que llegará a la orientación del órgano encargado de la persecución penal un preclaro exponente del foro penal, porque sus antecesores casi todos pertenecían a otras disciplinas del derecho, empero el emperador Montealegre pronto ‘peló el cobre’ y comprueba una desordenada y peligrosa orientación institucional.
Y algo más. El Fiscal y su estrecha y privilegiada cúpula infunde más desconfianza que todos los que lo precedieron porque tienen especializados, sofisticados y sólidos conocimientos jurídicos en la materia penal, en consecuencia, tesis odiosas como la de irresponsablemente recrear organizaciones política-criminales o fenómenos de partidista coparticipación criminal pueden solazar maquiavélicos resultados. Nos imaginamos las deliberaciones colectivas de todos ellos para proponer embates y teorizar acciones y amenazas. Qué miedo!