Tomó muchos años la gestación del megaproyecto de la central de generación de energía Hidroituango, aprovechando el caudal y la torrentera del río Cauca, para represarlo, embalsarlo y alimentar las turbinas de sus 8 unidades, cada una con capacidad de generación de 800 MW de potencia. Pero fue solo en el año 2010 cuando la Sociedad Hidroituango, cuyos mayores accionistas son el Instituto para el desarrollo de Antioquia y EPM de Medellín, suscribió con esta última el contrato para su construcción y puesta en operación.
Este proyecto es considerado el de mayor envergadura en su género en el país y hace parte del Plan de expansión eléctrica 2015–2029 elaborado por la UPME y adoptado por parte del Ministerio de Minas y Energía, tendiente a asegurar la ejecución en los tiempos previstos de los proyectos identificados y priorizados y de esta manera garantizar el abastecimiento del servicio de energía en todo el país, con firmeza, confiabilidad y continuidad, como lo manda la Ley eléctrica 143 de 1994.
Este proyecto, de acuerdo con lo presupuestado, ha debido entrar a operar en el 2018 y justamente en mayo de este año, cuando según los reportes el avance de obras era del 81 %, se presentó una contingencia gravísima, que atrasó su puesta en marcha y elevó sus costos más del 40 %, al pasar de los $11.4 a los $16.2 billones. Los daños fueron de tal magnitud que se llegó a temer por su siniestro, que fuera un proyecto fallido, poniendo en riesgo y estresando al Sistema Interconectado Nacional (SIN), habida cuenta que el mismo se aspira y espera cubrir el 17 % de la demanda.
Al no entrar a tiempo, la UPME se vio precisada a convocar dos subastas de reconfiguración, mecanismo este por medio del cual se procede a ajustar el déficit de cobertura de las obligaciones de energía en firme, cuando estas son inferiores a las proyecciones de demanda. De esta manera se ha podido suplir la energía que debería estar suministrando Hidroituango, evitando un eventual racionamiento, pero no la presión al alza del precio de la energía, la cual la termina pagando el usuario final vía tarifa.
Y de contera ha puesto en riesgo también la entrada en operación de los proyectos de generación proveniente de fuentes no convencionales de energías renovables adjudicados en el 2019, que contaban con su respaldo, dado la intermitencia de la energía eólica y la solar-fotovoltaica.
EPM, en el afán de garantizar la entrada en operación de este proyecto estratégico para el país, firmó un acuerdo con los contratistas en diciembre pasado, con la promesa de la entrada en operación de las primeras 4 unidades en 2022, pero sin tener claridad sobre cuándo será ese cuando que se podrá contar con las otras 4 unidades, sobre todo después de la demanda que acaba de interponer EPM contra ellos. Lo que está en juego es nada menos ni nada más que la seguridad energética del país y con eso no se juega.