Empréstito de los $36 mil millones
Así se refirió el alcalde de Valledupar, Fredy Socarras Reales durante la auditoria que la Comisión Regional de Moralización le realizó al contrato suscrito por Emdupar con el Consorcio Aguas del Valle, por $36 mil millones, producto de un empréstito.
“Valledupar tiene que doblar la página, pero antes los organismos de control deben de sancionar a los que verdaderamente desfalcaron el erario público o actuaron de manera improcedentemente”, sostuvo el alcalde Socarras Reales.
Según el informe entregado por los organismos de control pertenecientes a esta Comisión, el contrato que busca optimizar la prestación del servicio de agua potable y alcantarillado tanto en la zona urbana, como en varios corregimientos, no fue planificado y por el contrario careció de diseños, “lo que ha generado improvisación e inconvenientes en la ejecución del convenio”.
Advierte el informe que sin tener un plan de inversión, se le giró al contratista un cheque de gerencia autorizado por el gerente de la época y el tesorero de Emdupar.
El contrato que estaba previsto culminaría después de dos años de su ejecución, se encuentra vencido, toda vez que debió culminar en el mes de julio del presente año.
Se evidenció además, que dentro del contrato se debieron haber destinado un pago de $5 millones de pesos para la construcción del campamento para la guarda de los materiales, sin embargo, se conoció que el contratista hace uso de las bodegas de la empresa Emdupar.
Desde el pasado 30 de mayo el contrato en mención quedó sin interventoría externa, y fue Emdupar quien asumió dicha responsabilidad.
De otro lado, desde el 6 de enero, y luego de presentarse inconvenientes por problemas de servidumbre, se paralizaron las obras en el corregimiento Los Corazones consistentes en el mejoramiento de la estructura de captación e instalación del arranque de la tubería de conducción.
Por su parte, el gerente de la Contraloría General Gerencia Cesar, José Antonio Soto dijo que antes del 15 de diciembre, ya enviado el informe de las presuntas irregularidades al presidente de la Comisión de Moralización, se deberán informar sobre los hallazgos en materia fiscal, penal y disciplinaria.