Es grave la reciente información sobre los hechos de violencia en la Sierra Nevada de Santa Marta, en la región de Pueblo Bello. Y la pregunta es, ¿qué sabe la Policía Nacional? ¿Qué sabe el Ejército Nacional? ¿Qué sabe el gobernador (e) Andrés Felipe Meza? ¿Qué sabe el alcalde Danilo Duque? Hay serios indicios de que se están constituyendo grupos de justicia privada o autodefensas y de hecho ya hay muertos que contar. Grave situación.
El primer paso que dan estos grupos armados es que buscan benevolencia o información privilegiada, o infiltran a las mismas autoridades. Es bueno entonces que nuestras fuerzas militares y de Policía prevengan una situación de este tipo, y el poder civil, representado por los mandatarios departamental y municipal, debe demandarlo.
Porque de no hacerlo es preocupante que un Grupo Armado Residual, GAOR, o varios, usen el escenario del norte del departamento para realizar sus acciones siempre contra la población civil, y posiblemente involucrarla en negocios ilícitos de narcotráfico.
Pues esa es la motivación de esas agrupaciones, ya que no sabemos de acción guerrillera del ELN o disidencias Farc en el territorio. Es una región que se ha convertido en un centro turístico de excelencia después de la pavimentación de la carretera -a la que por cierto hay que hacerle labores de mantenimiento y rocería en las orillas-.
Representa el primer municipio cafetero de la costa Caribe, tiene importante presencia indígena, últimamente cruzada por enfrentamientos de poder, y ha sido una gran beneficiada de la implementación de la paz, al punto de que con recursos del OCAD-Paz, canalizados a través de la Agencia de Renovación del Territorio, ART, y para la contratación del municipio, se están invirtiendo $120 mil millones, principalmente en vías rurales, cifra que nunca se había logrado en la zona.
¿Será que esa inversión pública, la bonanza del café y las perspectivas turísticas, que se reflejan en el aumento del precio de la tierra urbana y rural, ha atraído a esos grupos, que sabemos han operado en la Sierra, en su vertiente noroccidental, en las narices de Santa Marta y el Parque Tayrona? La Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo también deben tomar cartas en el asunto.
El Estatuto de los venezolanos
Se ha comunicado por Migración Colombia, dependencia gubernamental, a través del director regional Cesar-Guajira, Miguel Romo, que 45.000 migrantes venezolanos, residentes ilegales en el departamento, se están acogiendo al Permiso de Protección Temporal, PPT, que será un instrumento de empadronamiento y seguimiento a esta hermana población.
El gesto de solidaridad nacional servirá para prestarles importantes servicios de salud, educación, protección de la maternidad y de la niñez, albergue y orientación para desarrollar actividades de trabajo. Aprovechamos para recordarle al gobierno que los servicios que se prestan a los venezolanos, por instituciones como el hospital, deben ser remunerados oportunamente, para no agravar el déficit financiero.