Casi nunca en el Consejo Gremial Nacional hay aplausos para sus invitados, pero estos se escucharon espontáneamente tras la reciente intervención del fiscal general, Néstor Humberto Martínez.
El CGN sintió que, mientras el gobierno trata de comprar capital político con promesas como la de Colombia Repunta o el refrito de la adición de la reforma tributaria; y mientras la clase política –con honrosas excepciones–, se dedica a “fastrackear” los acuerdos y a reacomodarse para 2018 con el discurso de campaña sin compromisos, tan incómodos a la hora de avales y de votos; mientras todo ello sucede –repito–, el Consejo Gremial sintió que hay un Fiscal pensando en Colombia con dimensión de Estado y responsabilidad de futuro.
Después del “acuerdo maquillado”, sin los logros raponeados del victorioso NO en el plebiscito, hoy el Fiscal nos enseña que en los temas de su competencia –justicia y lucha contra el crimen– estamos lejos de un acuerdo que no vulnere las instituciones, con el agravante de pretender amarrarlo a la Constitución y de someter los poderes públicos a su cumplimiento durante tres periodos.
El Gobierno lo reconoce al avalar 83 modificaciones a la JEP, entendido ese aval como el de las Farc en la trastienda, lo que quedó demostrado con su NO rotundo a la pérdida de derechos políticos a los reincidentes. El Gobierno prometió solucionar el tema en la ley estatutaria, aunque suene a otra zanahoria en el mundo de los conejos. En medio del casi unanimismo legislativo, fue notoria la autoridad académica del Fiscal y su responsabilidad política, señalando límites en temas críticos como el tratamiento penal a desertores y reincidentes, la permisividad con el narcotráfico durante la erradicación voluntaria, la obligación y plazos para inventariar activos, la participación en política condicionada al cumplimiento, las precisiones a la responsabilidad de mando y al juzgamiento de terceros, entre otros.
Aun así, el acuerdo “maquillado” nos quedó debiendo: No hay confesión, sino reconocimiento de hechos criminales; la JEP es colectiva –impune– para las Farc e individual para terceros, y el exótico mecanismo de escogencia de magistrados es una entrega de soberanía. No hay recurso de casación; las víctimas de las Farc desaparecen en la aceptación colectiva de responsabilidad; y se limitan la tutela y la función de la Procuraduría, entre otras carencias. No nos quedó faltando Fiscal, nos quedó sobrando Acuerdo Final.
Su presencia, sin embargo, no se limita al Acuerdo. Es vertical su posición frente a la excarcelación masiva por jubileo. Los escándalos de Odebrecht, Reficar y los “papeles de Panamá” también están en la mira de la Fiscalía. En últimas, Néstor Humberto Martínez está haciendo algo inusual: cumplir con su trabajo sin cortapisas ni cálculos políticos. Hay que rodearlo en tan difícil empeño.
Por José Félix Laurie Rivera
@jflafaurie