Uno de los principales logros del liberalismo en el mundo es la educación pública. Es uno de los mejores instrumentos de movilidad social y de búsqueda de la equidad, al lado, claro está, de la tributación y el gasto social. El liberalismo colombiano también ha cumplido con esos postulados: de allí la U. Nacional, la U. de Antioquia y la del Valle, entre otras.
Por principio soy amigo de la educación pública a todos los niveles, incluyendo, por supuesto, la educación superior. Estudié en el Colegio Nacional Loperena y esa ha sido una de las principales experiencias en mi vida. Inicié mis estudios de economía en la U. Nacional y también fue igual: una buena experiencia; estábamos estudiantes de todas las regiones del país y de clase media y populares.
En las peticiones que hoy le hacen los estudiantes al gobierno hay muchos argumentos válidos: la gran mayoría de las universidades públicas requieren financiamiento fuerte y sostenible, pero no se pueden pedir recursos para educación, cuando muchas de estas lo que tienen es un serio problema pensional y laboral. Una cosa es pedir financiación para becas y créditos, y otra- bien distinta- para resolver un problema que es común a otras entidades del estado y no solo al sistema de educación superior.
Igual tienen razón, en parte, los muchachos y los docentes cuando piden inversión para laboratorios, bilingüismo, bibliotecas, etc; pero los problemas de calidad de la educación superior pública colombiana no se resuelven solo con los miles de millones que están pidiendo.
El meollo de la educación superior es profundo: de modelos pedagógicos, contenidos pertinentes y proyectos de vida vinculados al futuro del desarrollo del país. Ojalá revisarán, estudiantes y docentes, el documento al Filo de la Oportunidad, que le entregó una llamada Comisión de Sabios al Gobierno del presidente César Gaviria. Además, algunos de los problemas vienen del bachillerato…
Pero, a lo que no tienen ningún derecho los universitarios, ni los obreros, ni ningún otro sector social es bloquear a Bogotá, la capital del país, como lo vienen haciendo cada ocho días, desde hace varias semanas. El derecho a la protesta, que está garantizado en la Constitución Política de 1991, no le da derecho a ningún sector social a bloquear a nuestras ciudades, que de por si tienen serios problemas de movilidad y transporte público colectivo.
Todo tiene su límite, el interés de un grupo, muy importante, como son los universitarios, no puede estar por encima del interés común, el interés de todo, tener ciudades que permitan un mínimo de movilidad, así sea a velocidades muy bajas. El gobierno nacional hace bien en escuchar y negociar con el movimiento estudiantil, pero, a la vez, tiene que haber mano fuerte, y eso es asunto de los alcaldes, para impedir que se afecten las vías de las ciudades y que la protesta social incurra en el vandalismo y otros actos inaceptables.
Asesor organizacional*
Por Carlos Maestre Maya*