La Unidad de Reacción Inmediata, URI, de la Fiscalía y la Inspección Central Permanente de Policía fueron creadas como centros de atención ciudadana o transitorios, donde son llevadas personas capturadas por agentes de la Policía por cualquier conducta delictiva, sitios en el que permanecen mientras son judicializados o dejados en libertad por decisión de un juez.
Sin embargo, en Valledupar, y quizás muchas ciudades de Colombia, se presenta una particularidad, la URI y la denominada ‘Permanente’, en donde por ley deben permanecer entre las 0 y máximo 72 horas un capturado, actualmente se encuentran personas con más de cinco meses de convivencia, junto con otras 25 más, compartiendo una pieza donde hacen sus necesidades.
En la URI de la capital del Cesar, hasta ayer en las horas de la tarde, permanecían 34 personas recluidas: 22 en una pieza de un tamaño aproximado de 3 x 3, adecuada para ocho ciudadanos, con un diminuto baño, y en otra, de una dimensión de 2 x 3, permanecen 12 personas, pese a estar adecuada para cuatro.
En la Inspección Central Permanente de Policía, y según informaron las autoridades locales, existen más de nueve calabozos, cada uno con una capacidad para 24 reos, pero hoy son ocupados por más de 30. En esta inspección, hasta ayer, habían alrededor de 98 reclusos, para un total de más de 130 personas internas en los centros transitorios.
En la URI y ‘Permanente’, los reclusos, quienes se confunden entre aquellos que están a la espera de la audiencia con un juez (quien le resolverá la situación jurídica, ya sea para dejarlo en libertad o imponerle medida de aseguramiento), con quienes ya fueron judicializados, deben bañarse delante de todos, lavar sus ropas, comer y dormir en un mismo calabozo.
La dramática situación en la que permanecen estos presos se deriva del tan cuestionado hacinamiento que se presenta en las cárceles de Colombia, aquel que ha dado mucho de qué hablar.
Heber Mendoza, fiscal de turno de la Unidad de Reacción Inmediata, URI, en Valledupar, aseguró que el evidente hacinamiento se prevé desde que el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, INPEC, entró a paro nacional, lo que conllevó a los funcionarios a no permitir más ingresos de reclusos a las cárceles.
Cárceles no reciben detenidos
Según el comandante del Primer Distrito de Policía, mayor Johnny Padilla, la situación de hacinamiento en Colombia, que es bastante grande, fue el motivo para que en este momento los sindicatos, que son conformados por los guardianes del INPEC, iniciaran una actividad denominada Plan Reglamento, en el que los funcionarios restringieron la entrada de los detenidos.
“La situación delincuencial y la actividad de control que tiene la Policía es diaria y es constante, por tal motivo se captura, se presenta ante el fiscal y al juez de control de garantías para legalizar la captura, luego inicia el proceso fiscal de acuerdo a la gravedad y por eso nos hemos sometido a tener una gran cantidad de personas retenidas”, expresó el uniformado.
La situación se convierte en precaria, aún más por la determinación del INPEC, que según el Mayor Padilla, semanalmente recibe entre cinco o seis cupos, sin tener en cuenta que a diario ese es el número aproximado de personas que se capturan en Valledupar.
“La Policía Nacional se ha visto en la necesidad y la obligación de asumir esos detenidos, cuestión que no es misional de la Policía, sino del INPEC, y asumir el control y cuidado de los detenidos, esa es la parte sencilla de entender, porque lo complicado es que en un cuarto incómodamente donde caben cuatro personas estamos metiendo 28”, expresó el comandante del Primer Distrito.
El hacinamiento significa un desgaste de Policía, por remisiones en diferentes ciudades y otra clase de actividades específicas, gastos que debería asumir el INPEC a quien se le destinan unos rubros específicos, pero ¿Dónde están? ¿Qué hacen con ese dinero, si la Policía asume ese rol?
Aquellas quejas por las medidas que deben tomar los altos funcionarios del país, al parecer, aún no tienen eco en el Presidente de la República, el Ministro de Justicia y todas aquellas entidades encargadas de dicho tema.
La evidencia de la falta de interés de la adecuación de las cárceles, de la ampliación de los centros de reclusión transitorios y de la creación o modificación de políticas criminales se ven reflejadas en la crisis por la que también atraviesa la capital del Cesar.
En la URI los calabozos tienen una mala ubicación, las puertas son asequibles al público, el custodio (o Policía) corre peligro por la falta de seguridad y de instalaciones adecuadas.
Según el fiscal Mendoza, hace varios meses una reclusa abusó de la confianza del custodio a quien le pidió el favor de prestarle un baño y ésta se voló, hoy el uniformado tiene un proceso disciplinario en su contra por ese acontecimiento.
A parte de las posibles escapadas que se puedan presentar a futuro, las autoridades temen que se presenten riñas entre los reclusos que causen una situación más comprometedora, porque dentro de los calabozos ya se han encontrado elementos prohibidos como navajas y celulares.
“Lo que se está previendo es algún inconveniente posterior que sea lamentable, no sólo para los detenidos sino para la economía del mismo estado, que debe de entender que ellos están a disposición del Estado, así sea transitoriamente”, especificó el fiscal, quien aclaró que los internos también tienen derechos y “no es aconsejables meterlos en esos calabozos”.
El hacinamiento en la URI e Inspección de Valledupar, según Omar Contreras, Defensor del Pueblo regional Cesar, es una verdad, pero según él hay que sopesar dos acciones: “o toda esa gente la metemos a la Cárcel Judicial y lo que hacemos es tapar una realidad frente a la sociedad cesarense o dividir las cargas entre los diferentes entes que tienen algunos calabozos”.
“En lo que seguimos insistiendo nosotros como Defensoría es que la Procuraduría llame a gestión a los alcaldes que tienen cárceles y ordenar un trabajo mancomunado con los jueces de ejecución de penas, con el mismo INPEC para que las cárceles del departamento sean utilizadas, porque ¡No le estamos dando utilización! Esa es la realidad, y no tenemos una Procuraduría que estos momentos los llamen a cumplir con esa norma”, especificó el funcionario.
Contreras agregó, “los alcaldes no están poniendo de su parte y ellos están evadiendo su responsabilidad”.
Sin atención médica
Según el Mayor Padilla en el momento en que un detenido ingresa a una cárcel manejada por el INPEC, a su vez le es asumido una serie de seguros y es cobijado por una EPS que vela por la salud de las personas que se encuentran privadas de la libertad.
Sin embargo, cuando estas personas se encuentran bajo la custodia de la Policía, como sucede en la URI y Permanente, no hay quien los asuma.
“Desafortunadamente, donde hay más de 28 personas en un cuarto 3 x 3 hay gripa, virosis, hay tantas cosas, son situaciones muy complicadas. La situación más rápida de entender es que esta es una problemática de política criminal y política carcelaria. Aquí han estado presente los organismos de derechos humanos, entes de control y sería importante que la Contraloría empiece a revisar todos los recursos que deben estar destinados para el funcionamiento de eta entidades”, afirmó el comandante del Primer Distrito, quien agregó que la Policía Nacional ha asumido responsabilidades de otras entidades.
El Defensor Omar Contreras enfatizó “es sensible el tema, porque ni el uno se compromete porque no es su vocación, ni está dentro de su misión institucional y Caprecom, por su parte, tampoco los atiende porque no están aforados dentro de las estadísticas que ellos manejan. Entonces aquí insistimos que no es un tema de estadísticas, es un tema de atención humanitaria a esta población”.
Otra cárcel para Valledupar
El alcalde de Valledupar, Fredys Socarrás Reales, reconoce el problema carcelario que existe en la capital del Cesar y por ello aseguró que dispondrá habilitar un área para la construcción de otra cárcel.
“Tenemos problemas carcelarios que son ocasionados porque hemos aumentado capturas frente al año anterior, en un 38% , y eso ha saturado toda la capacidad instalada y tiene hacinado espacios carcelarios temporales del Municipio, pero hemos dispuesto habilitar, a través del uso del suelo, un área adyacente a la Penitenciaría de Alta y Medina Seguridad de Valledupar, para ponerla a disposición del Ministerio de Justicia con el fin de que construya la Cárcel Judicial, que tenga 1.600 cupos y sea trasladada la cárcel del barrio Dangond, debido a que el gobierno tiene los recursos”, especificó el mandatario.
Por Merlin Duarte García/El Pilón
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