Devolver a las comunidades rurales su capacidad de gestión y decisión, como lo demanda la ecología política, es un paso obligado para lograr un reencuentro entre los habitantes urbanos y rurales, y para comenzar a construir una alternativa ecológicamente apropiada de desarrollo. Para ello es necesario adoptar una perspectiva de desarrollo sustentable de nivel comunitario.
Desde hace varios años, el desarrollo comunitario ha estado en el centro del interés académico y numerosas contribuciones se han centrado en dos aspectos: la participación de los productores y la autodeterminación (o autogestión) local. Sin embargo, el nuevo paradigma de sustentabilidad ha sido adoptado más como un factor técnico o productivo con el fin de generar una agricultura sustentable o alternativa que como una perspectiva política integradora.
Siguiendo las consideraciones del epígrafe anterior, se puede definir un desarrollo comunitario sustentable como aquel mecanismo de carácter endógeno por medio del cual una comunidad toma (o recupera) el control de los procesos que la determinan y la afectan. En otras palabras, la autodeterminación o la autogestión, concebida como una “toma de control” debe ser el objetivo central de todo desarrollo comunitario.
Se trata en efecto de promover la capacidad autogestiva de las comunidades, las cuales han sido entidades reiteradamente expoliadas a través de la historia por los diversos poderes económicos y políticos hegemónicos. A la par de la “toma de control” se desencadena igualmente una “toma de conciencia” entre los individuos que integran la comunidad, mecanismo por el cual no sólo se revela una realidad sino que se afirma o descubre una capacidad para transformarla. De la “toma de conciencia” surge por último una verdadera ética (social ecológica, planetaria, de especie) que permite activar, de una manera cualitativamente diferente numerosos procesos liberadores.
Es posible distinguir diferentes tipos de procesos por medio de los cuales la comunidad recupera su capacidad autogestiva. Estos procesos se apoyan, a su vez, en principios prácticos filosóficos. Digamos entonces que la primera acción que toda comunidad debe realizar es la toma de control de su territorio. Ello implica el deslinde de la superficie que le corresponde el reconocimiento de su territorio por parte del Estado y de las comunidades o propietarios vecinos, entre otros. El uso adecuado o no destructivo de los recursos naturales (flora, fauna, suelo, recursos hidráulicos, entre otros) que forma parte de su territorio, constituye la segunda toma de control de toda comunidad rural. Ello se logra a través del diseño y puesta en práctica de un plan de manejo de los recursos naturales, capaz de normar y regular las actividades agrícolas, pecuarias, forestales y pesqueras que la comunidad realiza.
Entre tantas cosas que hay que desarrollar, tenemos un plan de manejo, elaboración de un diagnóstico, un inventario y de ser posible un sistema de información geográfica de escala comunal.