Por: Amylkar D. Acosta M1
En teoría son impecables las razones que se aducen para establecer la Regla fiscal en procura de garantizar la sostenibilidad fiscal; no hay duda sobre su conveniencia, siempre y cuando no se convierta en un freno de mano que ponga en riesgo el crecimiento y el empleo y su sesgo no conduzca a la selección adversa de las políticas públicas. Pero, la pretensión del Gobierno va mucho más allá al plantear a través de un proyecto de acto legislativo entronizar la sostenibilidad fiscal como principio constitucional. Juan Camilo Restrepo, actual Ministro de Agricultura, ha sostenido que “el hecho de que la regla tenga rango cuasiconstitucional genera una coraza que puede dificultar la ejecución, en el día a día, de los presupuestos, hecho que valdría la pena revisar”. Entre las recomendaciones de los expertos liderados por el B de la R y el Ministerio de Hacienda está “promover una reforma a la Constitución Política para que incluya un artículo que haga explícito el derecho de la sociedad a la estabilidad macroeconómica” o, en otras palabras, que “le dé a la estabilidad macroeconómica el carácter de derecho de los ciudadanos”.
Como lo indica el ex ministro Gabriel Rosas ”el camino escogido para llegar al objetivo no es el correcto. De un lado, según tengo entendido, el llamado derecho al equilibrio fiscal no sería individual, sino colectivo. Como los derechos fundamentales son inherentes a las personas y no a la sociedad en su conjunto – colectivos – , el ejercicio del congreso no pasa de ser una gimnasia inútil, porque rápidamente sería declarado inconstitucional”. Es más, él llama la atención sobre el hecho de que Chile, cuyo ejemplo es paradigmático, definió en el año 2000 una Regla fiscal como la que ahora se propone para Colombia “sin acudir a reformas constitucionales, ni a complicadas disposiciones legales”. Lo fundamental y fue lo que obró en el caso chileno, es que exista la voluntad política para aplicar dicha Regla y ello fue más que suficiente.
Como afirma Eduardo Sarmiento, Director del Centro de Estudios Económicos de la Escuela Colombiana de Ingeniería, “el derecho a la estabilidad, que es un concepto indefinido (vago, abstracto, etéreo), daría margen para todo y le restaría compromiso con los derechos fundamentales”. Lo planteado en el proyecto de acto legislativo tiene toda una carga de profundidad: “el Congreso de la República, al determinar el alcance concreto de los derechos sociales y económicos consagrados en esta constitución, deberá hacerlo en tal forma que asegure la sostenibilidad fiscal”. Con toda razón se pregunta el diario El Espectador: “¿por qué sólo el gasto en estos derechos tiene que ser financiable? ¿los gastos de funcionamiento, las deducciones tributarias a los inversionistas, los subsidios a agricultores y demás no tienen que sujetarse a la misma regla? ¿a qué se debe el sesgo de la iniciativa? No se trata de derechos inocuos ni de normativas menores como para dejarlas pasar tan cómodas y tan en silencio”, que es lo que ha venido ocurriendo con este proyecto que ha ido avanzando en su trámite a la chita callando, prácticamente sin debatirse.
Según el Gobierno la reforma propuesta no tiene otro objetivo distinto que “racionalizar” el gasto; sin embargo, la verdad monda y lironda es que dicha iniciativa pone el saneamiento de las finanzas públicas por encima de los derechos fundamentales, enervándolos; el ejercicio de estos dependería de la disponibilidad de recursos para tales fines. Es claro, entonces, que este proyecto va a contrapelo de la letra y el espíritu del Estado Social de Derecho, quintaesencia de la Constitución de 1991.
Sí, estamos hablando de equiparar el derecho a la sostenibilidad fiscal con los derechos fundamentales consagrados en la Carta. En concepto del Ministro de Hacienda Juan Carlos Echeverry “la estabilidad fiscal va a ser tan importante con este acto legislativo como el acceso a la vivienda y a la salud”. Ello entrañaría una disfunción constitucional entre el Estado Social de Derecho y el Derecho a la Sostenibilidad Fiscal, lo cual generaría una permanente tensión entre los derechos fundamentales y la entelequia de la sostenibilidad fiscal. Al final uno de los dos primará y terminará por supeditar al otro, pues no se puede servir a dos señores a la vez. Al paso que vamos y por el camino que estamos transitando vamos derechito camino hacia una virtual dictadura fiscal, para alabanza y gloria del neoliberalismo!
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