En reciente visita que hiciere el profesor Carlos Caicedo Pimienta, padre del gobernador del Magdalena, Carlos Caicedo Omar, al corregimiento de Monterrubio, municipio de Sabanas de San Ángel para instalar la Mesa de Concertación enmarcada en el plan de desarrollo de políticas públicas del ente gubernamental; afloraron una serie de problemas y necesidades que agobian a esa sufrida y olvidada población de la subregión del Magdalena; pero, sumada a la carencia de óptimas vías, deficiencia en la prestación de servicios públicos, problemas de saneamiento básico como agua potable y alcantarillado, la comunidad expuso de manera vehemente y airada la no aceptación al proyecto de construcción de la megacarcel.
Al voluminoso número de manifestantes, se une la población indígena, correspondiente a la etnia Chimila, ellos con soportes en mano y asesorados por expertos juristas en el tema, aducen que en los predios donde se tiene proyectado el centro de reclusión, existen demarcados dos puntos sagrados conforme a sus legendarias tradiciones.
Recordemos que nuestra Constitución Política, desde 1991, reglamentó las áreas jurisdiccionales de las etnias indígenas, correspondiendo a los Chimilas parte del territorio de Sabanas de San Ángel. La población Chimila y sus asesores hacen énfasis en la documentación presentada que en ningún momento se oponen a la ejecución de obras por parte del ente gubernamental a nivel local, regional o nacional; lo que están exigiendo es respeto a su cosmovisión y normas de convivencia, pues jamás se les tuvo en cuenta como actores y protagonistas del territorio para concertar, debatir, socializar y sensibilizar el referido proyecto carcelario.
Es pertinente precisar que la convocatoria a la Mesa de Concertación, estuvo liderada por el reconocido ex alcalde de Pivijay, Gerardo Pérez Riqueth, quien atendió al profesor Caicedo Pimienta, acompañado por el docente Cesar Simanca y el Gestor Cultural Fredy Mejía de la Cruz para escuchar de viva voz de los pobladores los planteamientos y peticiones que solicitan al gobierno departamental, como la construcción de parques y escenarios deportivos para fortalecer la actividad atlético muscular; lo que si abunda en la comarca son los billares, cantinas y estaderos que en nada contribuyen al fortalecimiento del desarrollo social de la juventud.
Por su parte, campesinos piden adjudicación de tierras e insumos agrícolas, sistemas de riego; también préstamos bancarios para no abandonar el campo; además, la construcción de la Casa Campesina, solicitan docentes, ya que el proceso de enseñanza y aprendizaje notoriamente está afectado. Se pide a gritos la dotación de una ambulancia y adecuación del puesto de salud; todo esto solicita la comunidad de Moterrubio, para que quede plasmado en el plan de desarrollo departamental y su ejecución se materialice en estos próximos cuatro años.
Surgen preguntas. ¿Con la construcción de la Megacarcel se volverá inseguro el sector? ¿Causará trastornos en la convivencia? Similar situación y protesta ocurrió en la zona rural de Sumapaz (Cundinamarca); donde no se pudo construir infraestructura carcelaria, ya que el área resultó ser un santuario natural.