Representantes de gobiernos e instituciones de 10 países, se reunieron en Bogotá y Valledupar durante cinco días con el fin de intercambiar experiencias sobre reparación integral a víctimas, con especial atención a temas como arreglos institucionales, reparación individual, reparación colectiva, mujeres, género y violencia sexual y niños, niñas y adolescentes desvinculados.
La ‘Escuela de Reparaciones Internacional: intercambio de experiencias sobre reparación integral a víctimas’, es una iniciativa de la Unidad para las Víctimas y la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia (APC-Colombia), con el apoyo de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID).
Desde el jueves y hasta ayer, el Primer Encuentro de la Escuela de Reparaciones Internacional se trasladó a Valledupar donde se reunieron expertos de Perú, México, El Salvador, Filipinas, Marruecos, Ruanda, Argentina y Colombia, países donde se están implementando diferentes medidas de reparación a las víctimas de la violencia en el marco de la Justicia Transicional.
A la capital del Cesar llegaron a conocer el proceso de reparación colectiva en el corregimiento Guacoche, una población ubicada a 15 kilómetros de Valledupar y que nació de la explotación ganadera de la región a orillas del río Cesar, que es popular por sus tinajas de barro que son casi que la única oportunidad para lograr el sustento de las familias que son lideradas por mujeres afro y que sufrieron los vejámenes del conflicto armado, y por hombres que trabajan el campo y los oficios afines a la ganadería extensiva.
Para lograr la reparación colectiva de Guacoche, se ha llevado un proceso importante, teniendo en cuenta que desde el 6 de abril de 2013, se hizo el primer acercamiento con la comunidad afro de allí por parte del equipo de reparación colectiva étnica de la Dirección Territorial de la Unidad de Reparación Integral a las Víctimas. Con la presencia de la directora territorial, Juana Ramírez, se firmó el acta de voluntariedad para iniciar con el proceso de reparación colectiva y así mismo fortalecer la ruta individual de atención asistencial y reparación integral por los diferentes hechos victimizantes establecidos por el Decreto Ley 4635 de 2011.
“Esto no es un proceso de ayer ni de hoy, es algo que hemos trabajado durante varios años, cumpliendo con las etapas que determina la ley, los acercamientos, alistamiento institucional, el proceso de inscripción en el Registro Único de Víctimas, RUV y organización de valoración del daño, buscar las experiencias y sacarle el dolor a la gente a través de muchas actividades que se hicieron con hombres, mujeres, niños y jóvenes, tratando de encontrar en su esencia cuáles eran las mayores dificultades que tenían para llevarlos a creer en este proceso y que construyeran procesos de vida gratificante como este trabajo. Hoy por hoy podríamos decir que representa una reparación transformadora, que la gente es distinta, que la gente tiene sueños, esperanzas, fe en el Estado y que cree que va a haber un provenir mejor”, dijo Ramírez.
Entre tanto, la toma de declaración colectiva con la comunidad en pleno se levantó en noviembre de 2013, allí quedaron consignados los hechos que individual y colectivamente afectaron a los sujetos a reparar y la notificación de la inclusión en el Registro Único de Víctimas como sujeto de reparación colectiva se llevó a cabo en septiembre de 2014.
Iris Marín, directora (e) a nivel nacional de la Unidad de Atención a las Víctimas, aseveró que esta fue una experiencia increíble y que fue solo un momento de un proceso que lleva mucho tiempo construyéndose. “La Unidad se acercó a Guacoche gracias al interés de otros aliados como el Programa de Naciones Unidas Para el Desarrollo, PNUD, y particularmente a Gabriel Turriago que lastimosamente falleció pero que fue inspirador para empezar a trabajar en esta tierra pero hay que tener en cuenta que no es solo comunidad campesina, sino que es una comunidad afro y tiene un consejo comunitario y que el proceso se está rigiendo no por la Ley 1448 sino por el Decreto Ley étnico 4633 que es para comunidad negras, afros, raizales y palenqueros de Colombia”.
La diferencia de esto es que en las comunidades que no hacen parte de una población afro se elige un comité de impulso que son los miembros que se escogen para interlocutar mientras en la reparación étnica con la autoridad que es el consejo comunitario que desarrolla la interlocución. Además se desarrolla con la condición de consulta previa bajo el convenio 169 de la OIT, mientras que los otros son aprobados por alcalde o alcaldesa en Comité de Justicia Transicional. Que se haga de esa manera especial exige unos estándares más altos de concertación.
El proceso de reparación colectiva que se lleva a cabo en Guacoche fue resaltado por una de las invitadas especiales, quien aseguró que “la experiencia fue enriquecedora porque lo que vimos es para todos los que trabajamos en reparación porque escuchar y darnos cuenta y ver cómo la gente pasa por un proceso de paz pero además pasa por un proceso de reconstrucción de su vida, de la comunidad, de confianza en el Estado, es algo que nos inspira para seguir trabajando e intercambiando experiencias”.
Pese a que mucha población en Guacoche se desplazó por la violencia hoy en día, según Juana Ramírez, están retornando a este sitio. “Hay unos que están ahí, hay otros que están volviendo y hay otros que van a regresar, tenemos en este momento más de 2.300 personas que ya están tranquilos y ya comparten con su comunidad, y lo más importante es que están reconstruyendo el tejido social colectivo que es diferente al que tenemos en Valledupar frente a la propiedad de la tierra porque allá todo es de todos”.
Luego de finalizado el recorrido se definió la creación de una Red internacional de países implementadores de reparación administrativa para compartir experiencias, aprendizajes y desafíos. Según la directora (e) de la Unidad de Víctimas, se realizará una cumbre de alto nivel de directores de programas de reparaciones antes de que termine el año.
Segundo país con más desplazamientos forzados
Luego de los dos días del encuentro internacional en Valledupar, la directora encargada de la Unidad para las Víctimas, Iris Marín, aseguró que el desplazamiento forzado ha disminuido en un 47 %.
En Colombia hay un total de 6.213.989 víctimas de desplazamiento forzado que representan el 81,3 % de las personas inscritas en el Registro Único de Víctimas, lo que ubica al país como el segundo a nivel mundial con más desplazados internos, solo por debajo de Siria que tiene 7.600.000 habitantes con esta condición.
De las personas incluidas en el registro por desplazamiento forzado, 6.018.300 (96,8 %) están cobijadas por la Ley 387 de 1997 y la Ley 1448 de 2011, mientras que 195.689 (3,2 %) responden a una línea jurisprudencial generada por la Corte Constitucional que permite a la Unidad incluir en el registro a las víctimas de bandas criminales y ampararlas según el marco de atención de la Ley 387.
“La cifra es preocupante pero la reducción en un 47 % muestra los progresos que se han conseguido en el marco de la implementación de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras y la voluntad de paz que ha mostrado el actual gobierno, por otra parte deja en evidencia los esfuerzos del Estado en materia de reparación a víctimas que nos ponen como ejemplo para otros países a la hora de aplicar políticas públicas en esta materia”, dijo Marín.
Entre 2002 y 2010, la cifra de personas incluidas en el registro por desplazamiento forzado fue de 3.322.632 víctimas, que muestra que el 91 % de los hechos de desplazamiento forzado ocurrieron antes de la vigencia de la Ley de Víctimas en el 2011. Desde esa fecha hasta hoy, el promedio anual es de 195.094 personas incluidas en el registro por ese hecho victimizante y en lo que va del 2015 se han presentado 537 casos que han sido registrados.
Por Freddy Oñate Acevedo / EL PILÓN
freddy.onate@elpilon.com.co