Son más de 15 años desde la desmovilización de los paramilitares en la misma lucha: lograr la titulación colectiva del territorio donde llegaron los ancestros, sufrieron la violencia y donde todavía persisten en la protección de sus tradiciones.
Por eso, el día de ayer (27 de agosto) será histórico para el corregimiento de Guacoche, por la presentación de la demanda ante un juez de Valledupar en la búsqueda de lograr la formalización colectiva del territorio donde viven alrededor de 1.080 personas.
Acompañados por autoridades nacionales y departamentales de la Unidad de Restitución de Tierras, presentaron un amplio documento en el que reseñan cómo el conflicto obligó a cientos de personas a dejar sus tierras, además de exigir una reparación integral que va más allá de recuperar sus predios y abarca ser apoyados con inversiones para iniciar procesos productivos y fortalecer lo que llaman sus memorias.
En total, son 157 hectáreas consideradas como sabanas comunales, muchas de ellas ocupadas por terceros. No gozar de la titulación les ha impedido, aseguran sus líderes, “ser parte del Estado”.
ACERCARSE AL ESTADO
Argemiro Quiroz, presidente del Consejo Comunitario Los Cardonales de Guacoche, desde donde se ha dirigido el proceso con la ayuda jurídica de la Unidad de Restitución de Tierras, destacó: “Lógicamente no tratamos de perjudicar a un tercero, lo que pretendemos en la demanda es obtener el título colectivo que se nos ha negado a pesar de ser un derecho. Esto nos quita participación ante las instituciones del Estado: si no tenemos título, por ejemplo, el Departamento de Prosperidad Social no puede invertir”.
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Además de no poder recibir inversión como Consejo Comunitario de una comunidad negra, Los Cardonales de Guacoche sin la formalización no tienen habilidad para participar en la socialización y realización de los planes de desarrollo municipal y departamental en lo relacionado con las comunidades étnicas.
En caso de una sentencia en favor de la comunidad, como es un proceso de justicia transicional y de carácter excepcional es de única instancia: frente a esa decisión no cabe ningún otro recurso, salvo alguna cuestión excepcional donde algún tercero afectado por la decisión tendría que acudir a la Corte Suprema de Justicia.
MÁS ALLÁ DEL TERRITORIO
Con la posible sentencia a favor, cerca de 1.088 personas organizadas en 277 familias serían señaladas en la sentencia, por ejemplo, para recibir proyectos productivos, capacitación del Sena, entre otros, con el fin de destinar para proyectos 157 hectáreas que pasarían a ser territorio del Consejo Comunitario Los Cardonales donde se integra la comunidad de Guacoche.
“Lo que se va a lograr con este proceso es que haya ese reconocimiento que le dará formalización al Consejo. Las tierras ya están en su poder lo que se hará es formalizar. Y aquí puede llegar una inversión que hace el Estado en temas de salud y servicios públicos.”, señaló el director de la Unidad de Restitución de Tierras, Andrés Castro.
GUACOCHE, EJEMPLAR
Los Consejos comunitarios nacieron con el Decreto 1745 de 1995 como máxima autoridad de las comunidades negras. En los corregimientos de Valledupar, bajo esa figura, estas comunidades trabajan bajo luchas similares y particulares.
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Guacoche es ejemplo en el trabajo de los Consejos comunitarios. Son reconocidos por ser el primer pueblo afrocolombiano que inicia un proceso de reparación colectiva en Colombia. Ubicada a 15 minutos de Valledupar, esta comunidad afrocolombiana sufrió el empecinamiento de la violencia paramilitar por cerca de 10 años desde su llega a mediados de 1997. Por esa razón en diciembre de 2015 se protocolizó la firma de la reparación colectiva, la primera para una población negra en el país.
“Para la dirección territorial es un honor llevar ante los jueces de restitución de tierras la primera demanda de comunidades negras del Cesar buscando la restitución de los derechos territoriales del Consejo Comunitario Los Cardonales a través de la adopción de medidas encaminadas hacia el fortalecimiento de su territorio colectivo”, concluyó Claudia Manotas, directora territorial de la Unidad de Tierras Cesar-Guajira.
Por: Deivis Fabián Caro/ El Pilón