El presidente de la república Iván Duque, junto a los ministros de Hacienda y Educación firmaron el pasado 7 de diciembre el Decreto 1667 que reglamenta la gratuidad en la matrícula de Instituciones de Educación Superior públicas, dando continuidad al programa anteriormente llamado Matrícula cero, de conformidad a Ley de Inversión Social o ley tributaria (Ley 2155 de 2021), aprobada por el Congreso en meses pasados.
El decreto también incluye supuestos beneficios en la educación pública, estableciendo planes de estímulos y alivios para los créditos del ICETEX, pero ya tiene fuertes críticas de los usuarios de esta entidad por no reflejar viabilidad para acceder a esos estímulos.
Después de una semana de firmado el decreto, se empieza a socializar y a implementar el programa por parte del Ministerio de Educación, donde asegura que con esta norma se beneficiarán más de 700 mil estudiantes nuevos y antiguos de estratos 1, 2 y 3 en las 63 Instituciones de Educación Superior públicas. En el decreto se establecen las condiciones y también las restricciones, como la de no cubrir a nuevos estudiantes mayores de 28 años o los que aspiren a ser beneficiados en un segundo pregrado, además de excluir a estudiantes de Instituciones de Educación Superior públicas que crecen exponencialmente.
Con este decreto se garantizará la gratuidad para un importante número de estudiantes para el año 2022, donde se habla que cubriría el 97 % de la matrícula de las instituciones de educación superior públicas para los programas técnicos, tecnológicos y profesionales. Sin embargo, este número está lejos del de la cobertura de potenciales estudiantes.
A pesar de que se aplaude y reconoce este programa de gratuidad como una solución inmediata a la problemática de la educación superior para los jóvenes, principalmente los más vulnerables, la implementación de la gratuidad hace parte hasta ahora de un programa de Gobierno y no de una política pública, aunque el decreto se considere como ‘Política de Estado de Gratuidad en la Matrícula’.
Esto conlleva a muchas preocupaciones, ya que se está enfocando la asignación de recursos en matrícula a partir de vigencias futuras de la financiación de educación superior hasta el año 2027, y no se están destinando recursos frescos o adicionales, lo que terminaría en una desfinanciación del sistema.
Próximamente, el Ministerio de Educación estará informando a las Instituciones de Educación Superior públicas el número máximo de estudiantes a beneficiar, con base a criterios técnicos de vulnerabilidad socioeconómica contenidos en los reglamentos operativos, además de los incrementos máximos del valor de la matrícula que serán financiados, el número máximo de créditos académicos a cubrir, entre otros, lo cual genera mucha expectativa y seguramente traerá muchas opiniones divididas.
Indudablemente este programa, que se reglamenta en el actual decreto, es populista y se presenta como un éxito, pero solo brinda una solución a corto plazo, ya que no garantiza continuidad a mediano y largo plazo, lo que terminaría profundizando el problema de financiación de la educación superior.
Este Gobierno ya piensa en su salida y deja un gran problema por resolver al próximo gobierno, tema que puede ser decisivo como gran debate para plantear soluciones reales a la política pública de educación para los jóvenes de cara a la proyección de progreso para el país.