Próximamente llegará a la Asamblea del Cesar un proyecto de reforma a la Ordenanza 005 del año 2008 que le dio vida al Fondo Educativo Departamental Para la Educación Superior en el Cesar, Fedecesar, con el cual se le daba un espaldarazo a la educación superior de miles de jóvenes cesarenses al poder estudiar con becas otorgadas a través de este Fondo, que se alimentaba de recursos provenientes de las regalías.
Sin embargo, las reglas cambiaron y el año pasado el Gobernador del Cesar expidió el Decreto 1302 que pretendía imponer un pagaré a los jóvenes beneficiados con las becas. Este episodio fue aclarado y a partir de ese momento han buscado la fórmula ‘mágica’ para que los estudiantes no se queden sin sus becas y la administración departamental no cometa errores al destinar unos recursos para becas que no son avalados por la Dirección Nacional de Planeación.
La solución, según conoció EL PILÓN, es modificar la Ordenanza del 2008 e incluir nuevos elementos para continuar con el beneficio educativo, sin que se convierta en un crédito para el estudiante. Por ejemplo, esta vez no será el promedio del estudiante y el estrato socioeconómico los que se tendrán en cuenta para otorgarle la beca, sino su condición de vulnerabilidad, la cual sólo la comprobará su afiliación al Sisben.
Además, el Proyecto propondrá que este Fondo sea fortalecido económicamente y parece ser que aumentarán sus recursos, al pasar de siete mil millones a más de nueve mil. Un paso muy importante debido a que desde hace varios años este monto no aumentaba de manera proporcional al número de estudiantes que ingresaban a las universidades beneficiadas, como la Popular del Cesar, la UNAD, la del Magdalena y Pamplona, entre otras.
En pocas palabras los recursos que recibían no alcanzaban, por lo menos este año, para todos los estudiantes. Un ejemplo claro es el que sucedió en la Universidad Popular del Cesar, donde sólo en el primer semestre del año se distribuyó el 60.36% de los recursos asignados; es decir, $2.334 millones, y para este segundo semestre, solo quedó el 39.64% ($1.532 millones), que tal como está publicado en su página web se distribuirá entre los estudiantes “que fueron amparados en el primer semestre 2013 y que mantengan un promedio igual o superior a 3.7, o hayan matriculado como mínimo 10 créditos”. Mucho se quedarán sin el beneficio. Todas estas peripecias para garantizar la permanencia estudiantil y los indicadores de deserción de la universidad, una situación similar deben estar atravesando las otras universidades.
Por lo menos ya hay luz verde. Ahora depende del Gobernador y los Diputados: que el primero presente el Proyecto y que los segundos hagan el análisis pertinente del mismo y se apruebe al final lo que beneficie a los jóvenes cesarenses de escasos recursos que aspiran a ser profesionales.