Han transcurrido 18 meses de gobierno de las actuales administraciones Departamental y Municipal de Valledupar, y comienza a preocupar que los anuncios de proyectos e inversiones en sectores claves como la educación, salud, infraestructura y deporte, se diluyan con el tiempo y no se vea que inician su ejecución.
Por un lado la Alcaldía de Valledupar con un Plan de Desarrollo que recoge las necesidades de los vallenatos, que esperan se resuelvan en cortos y medianos plazos, se enfrenta a un panorama financiero nada alentador y, en medio de la tormenta, se acogió a la Ley 550 para frenar a sus acreedores y poder invertir en obras, que hasta el momento no se ven -a excepción de las viviendas gratis que logró gestionar el Alcalde para la ciudad de la mano del Gobierno Nacional-, al igual que la construcción del colector de aguas lluvias del sector oriental de la ciudad, por valor de 11 mil millones de pesos, con el que se resuelve el desarrollo de esta zona. En este caso, el mandatario local ha recurrido a sus buenas relaciones para gestionar recursos del orden nacional, mientras sus finanzas se fortalecen. El tiempo acosa y ya es hora de que se ocupe, con dineros propios, de las vías urbanas -diferentes a las que contempla el Sistema Estratégico de Transporte que ya tiene en ejecución $26 mil millones-, de la movilidad, de los colegios, de los parques, de los corregimientos y otros más.
Mientras que por el otro, está la Gobernación del Cesar con un amplio dossier de proyectos -macros en su mayoría-, de gran impacto, anunciados sistemáticamente en el marco de su Plan de Desarrollo. Una administración que no sufre por recursos (caso contrario a la Administración Municipal), porque cuenta con unas finanzas fortalecidas. Sólo para la vigencia 2013-2014 tiene más de 800 mil millones de pesos, por concepto de regalías, disponibles para financiar proyectos que mejoren la calidad de vida de los cesarenses. En el palacio departamental preocupa que aun contando con el dinero, con los proyectos listos, su contratación se esté dando a pasos tan lentos, retrasando su ejecución y por ende, el beneficio a la población, que es finalmente la meta del servidor público. Si apenas los proyectos -grandes, medianos y pequeños- que fueron aprobados en el 2012, están en etapa precontractual y de diseños, qué va a pasar con los que acaban de aprobar en el Ocaton que recientemente se llevó a cabo de Bogotá, y los que reposan en el Banco de Proyectos. Las necesidades de los cesarenses no saben de etapas precontractuales ni de contratación, sólo esperan que las obras lleguen pronto. Se requiere celeridad, dinámica y transparencia en todas las acciones gubernamentales de las administraciones Departamental y Municipal.