Bajo el argumento de tener en su contra unos 72 elementos materiales probatorios, la Fiscalía 11 delegada ante el tribunal solicitó que el gobernador del Cesar, Luis Alberto Monsalvo Gnecco, fuera cobijado con una medida de aseguramiento restrictiva de la libertad por las presuntas irregularidades en el PAE durante su primer periodo administrativo en el Cesar en el año 2015.
En la audiencia durante una extensa intervención el fiscal Julio Ospino Gutiérrez indicó que con el mandatario se corría el riesgo de reincidencia por ser el ordenador del gasto público en el departamento.
Aseguró, además, que en su contra hay siete investigaciones penales relacionadas a la contratación, de las cuales dos de ellas se desprenden de su actual administración.
Esta investigación se relaciona a nueve presuntas inconsistencias que encontraron en un contrato del Programa de Alimentación, PAE, que la Gobernación del Cesar celebró en el 2015 con el consorcio Alimentación Escolar A Salvo, cuyo valor superó los $17.140 millones.
Según las autoridades, en este se originó un detrimento patrimonial que asciende a $3.172.808.072 por no haber estudios previos, presentarse prepliegos amañados y deficientes, así como supuestas omisiones de los requisitos de ley a la hora de elegir al contratista.
“Se le vio el interés de beneficiar al consorcio del 2015, omitiendo el principio de transparencia y obligación relacionado con los servidores públicos”, dijo el representante del ente acusador.
Añadió que en ese sentido también se correría riesgo de que el gobernador siguiera favoreciendo al mismo contratista en la actual administración.
Otras inconsistencias en el contrato se relacionaron a los sobrecostos de los alimentos, dado que cada kilogramo de hígado fue pagado a $65.460 pesos.
Tras culminar su intervención, el magistrado acogió la petición del abogado defensor, Iván Cancino, de suspender la diligencia para continuarla el próximo 21 de julio a las 9:00 de la mañana.
En la próxima audiencia se espera que intervenga el abogado del gobernador y el Ministerio Público, los cuales analizarán el acervo probatorio aportado por la Fiscalía.