Por solicitud de la Procuraduría:
Ante las recomendaciones hechas por la Procuradora Delegada, María Eugenia Carreño Gómez, sobre el proceso de licitación que inició la Gobernación del Cesar para concesionar la infraestructura educativa del departamento por valor de 107 mil millones, y las consideraciones hechas por el Comité de Acompañamiento conformado por el Programa Anticorrupción, el gobernador del Cesar, Cristian Moreno Panezo, suspendió este proceso mientras se atienden dichas observaciones.
La licitación que promovió la conformación del Comité de Acompañamiento, integrado por el CSIR Cesar, la Sociedad de Arquitectos, la Sociedad de Ingenieros, la Universidad Popular del Cesar (UPC) y el Instituto Republicano Internacional –IRI-, inició con la publicación de avisos en diarios de amplia circulación, el pasado 26 de octubre y el 11 de noviembre, a las 9:30 de la noche, fue publicada en la página web de la Gobernación del Cesar los pliegos, para realizar la audiencia de riesgos al siguiente día a las 9:00 de la mañana.
La Resolución de Suspensión número 004985, de fecha del 24 de noviembre, elevada a página web a las 12:30 de la noche, la expidió el Gobernador Moreno atendiendo las recomendaciones hechas por algunos entes de control, entre ellos la Procuraduría General de la Nación, a través de un oficio enviado al mandatario de los cesarenses por considerar que es necesario revisar asuntos de la fecha de declaración de importancia estratégica por parte del Consejo de Gobierno, que debió ser previa a la aprobación en el Confis –Consejo de Política Fiscal-, que en este caso ocurrió al revés. Además, lo pertinente a vigencias futuras ordinarias para entidades territoriales, al igual que justificar el tipo de contrato a celebrar, para lo cual la Procuraduría pide copia del análisis efectuado por la entidad, que serviría para justificar de que es necesaria la concesión y no un contrato de obras.
Otros de los asuntos a revisar es verificar la pertinencia de establecer un pago anticipado en una modalidad de concesión, que no es lo que se acostumbra en estos casos. La Procuraduría manifiesta en su oficio que no encuentra relación de proporcionalidad en el presupuesto oficial de la licitación y los requisitos establecidos para acreditar la experiencia de los proponentes; tampoco, asegura, no se especifica en el pliego de condiciones los diseños para la obra, ni las instituciones educativas y las sedes donde se van a realizar las construcciones, el mejoramiento o el mantenimiento de las obras.
El ente de control dice que no se conocen necesidades de las sedes educativas, ni los planos de las edificaciones, no se cumple con la obligación de abrir el proceso de interventoría técnica de la obra, como lo ordena el Artículo 32 de la Ley 80 del 93. Finalmente no evidenció el cumplimiento del Artículo 20 de la Ley 842 del 2003, que determina el aval de las actividades por parte de los inscritos en la profesión pertinente.
Por estas razones, el proceso de licitación por valor de 107 mil millones está suspendido hasta el dos de diciembre, tiempo en el que deberán absolverse todas las inquietudes expuestas por la Procuraduría General de la Nación.
El CSIR está de acuerdo con las observaciones de la Procuraduría, en el sentido de que es necesario garantizar la mayor transparencia y el estricto acatamiento a la ley y a los principios de la contratación estatal.