La violencia es una diáspora que no nace, como tiende a creerse, en los sitios de mayor pobreza, sino, muy al contrario, se cocina en los territorios donde transita, está o se cultiva la riqueza. Y crece como verdolaga donde no existe -o es débil- la presencia institucional, es decir, en lo rural. Y la razón principal es una: si se controla el territorio se controla la localización geográfica, el aparato productivo, corredores de tráfico y retaguardia. Es decir, instrumentos de poder. Y el conflicto crea territorios que escapan al control de las autoridades y así se despeja el camino para las actividades ilegales.
Las cifras son abrumadoras. El Observatorio de Memoria y Conflicto con el Centro Nacional de Memoria Histórica documentaron hechos o eventos de violencia y víctimas directas del conflicto armado en Colombia entre 1958 y 2020 y establecieron: 68.537 desapariciones forzadas en 1.007 municipios; 4.272 masacres que dejaron 24.801 muertos; y 357.304 eventos que afectaron a 417.230 personas con 266.988 víctimas fatales. Toda una desgracia nacional. Y ello impacta negativamente la competitividad rural y la producción agraria y por esta vía al cierre de brechas urbano-rural, a la generación de ingresos, al empleo rural, la equidad y la pobreza.
Una de las trampas de la pobreza es el conflicto -lo escribió Paul Collier- porque vuelve el territorio poco competitivo por el alto riesgo que representa. En Colombia la violencia y la guerra están en la periferia, sus raíces también, es decir, se ubican en la marginalidad, en lo rural, como bien lo anota James Robinson, coautor del libro ‘Por qué fracasan los países’. En este sentido el territorio rural, por falta de control territorial, es poco competitivo.
Y es ahí cuando es dable estudiar la posibilidad de crear una fuerza militar, especial, de despliegue rápido, para aquellas zonas rurales definidas como Áreas de Transformación Productivas -ATP-, es decir, aquellos territorios que, por definición de política pública, sean definidos como zonas de intervención que le apunten, desde lo rural, a la producción rural y agraria con equidad e inclusión. Una unidad especial parecida a, por ejemplo, la Fuerza de Despliegue Rápido o a una Brigada contra el Narcotráfico o al Gaula o a la fuerza antiterrotrista. En este caso se trataría de una con especificidad rural que prevenga, disuada, mantenga el orden público y brinde seguridad ciudadana en la ruralidad, pero no a modo de la Dirección de Carabineros de la policía que no tiene los instrumentos para ello.
La inseguridad y la falta de control del orden público es un elemento inhibidor de la inversión y como consecuencia impacta el empleo y el crecimiento económico. La seguridad es un bien público y es, a la vez, una condición externa que hace parte del entorno que proporciona confianza en las transacciones, certidumbre y mejora el clima de negocios. La fuerza especial militar, entonces, parece una buena idea para la competitividad del campo.
@enriqueha