Colombia es un país de mojigato, que pone queso donde no hay gato. Quien no controla no puede administrar y los ratones hacen fiesta, aludiendo a las ratas que hacen de ochas y panochas con los dineros del erario.
Tiene sobradas razones el presidente Gustavo Petro, a tres días de su posesión, de solicitar una Comisión Judicial Independiente a Naciones Unidas para investigar crímenes de corrupción y acabar la impunidad, porque no le generan confianza los organismos de investigación del Estado, siendo más eficiente el control social que ejerce el periodismo independiente.
El economista canadiense nacionalizado colombiano, Lauchlin Bernard Currie, suele señalar que la opinión pública es usualmente inflamada por los escándalos, más no por las inversiones malogradas, o por el desperdicio de los recursos públicos. Y a renglón seguido subraya: “El problema no es la corrupción o el favoritismo, sino la implantación de un modelo fiscalmente irresponsable, económicamente ineficaz y socialmente injusto. Los controles e investigaciones son irrelevantes, no corrigen la esencia del problema, tras la existencia de un modelo económico perverso.
Los expresidentes se creen la panacea y hacen recomendaciones para solucionar los grandes problemas que no dieron para resolver durante sus mandatos, es el caso de Andrés Pastrana, quien trae a colación lo que llama el eufemismo de una “paz total” y la evidencia incontrovertible, según él, de un funesto pacto con mafias del narcotráfico y la corrupción, para aludir a Petro, pese a que al expresidente Conservador le quedó grande el Caguán, y lejos de concretar la paz legó un territorio de impunidad.
Los exjefes de Estado no quieren abrevar en la memorable frase del trigésimo tercer presidente de Estado Unidos, Harry Trumman: “Los expresidentes son muebles viejos que les corresponde estar en el cuarto de San Alejo”, dicho en términos coloquiales, deben recogerse.
Otro tema controversial que tiene crispado a los adversarios del entrante gobierno es su disgusto porque no les nombran ministros de su agrado, como si el voto popular no fuera mandato, siendo el de Defensa, Iván Velásquez, la mayor piedra en el zapato, pero con reconocimiento de la ONU al poner en evidencia la parapolítica, las chuzadas del DAS y su denuedo en la lucha contra la corrupción, la impunidad y el crimen organizado, sumado el apego a los Derechos Humanos y la defensa de las instituciones sin caer en el abuso de la fuerza pública.
La crítica puede ser severa, pero no intransigente, porque revela incapacidad y no sugiere soluciones, papel que asumen quienes detentaron el poder con mezquindad y hoy son francotiradores de un propósito de gobierno que finca sus esperanzas en hacer de Colombia una potencia de vida con ayuda militar de Estados Unidos, donde florezcan un ejército y una policía que no manchen el honor militar.
El Acuerdo de Escazú que democratiza el manejo ambiental tampoco satisface al Centro Democrático, primer tratado sobre medio ambiente y derechos humanos de América Latina y el Caribe, compuesto por cuatro pilares fundamentales: el acceso a la información, la participación ciudadana, la justicia en materia ambiental y la protección de defensoras y defensores ambientales.
Menos le suena al expresidente Uribe, ni a algunos de sus alfiles como Paloma Valencia, María Fernanda Cabal y Marbel, que son las que más trinan, que se reabra la frontera colombo-venezolana, cerrada hace 7 años, no obstante, la torpe decisión que desencadenó la pérdida de 5.000 empleos y 7.000 millones de dólares.