Por haber presuntamente, desconocido los principios de igualdad, moralidad y eficacia de la función pública contemplados en el artículo 209 de la Constitución Política, la Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos en contra de tres gerentes del hospital Rosario Pumarejo de López.
Los afectados son Yonis Jesús Flórez, Alex Sandro Mindiola y Rubén Sierra Rodríguez (actual gerente).
Según el Ministerio Público, en el caso de Flórez este pudo haber infringido la ley al suscribir los contratos 048 del 11 de enero de 2012 y 133 del 23 de marzo de 2012, por un valor total de 270 millones de pesos en un plazo menor a cuatro meses, cuyo objeto era el de “contratar el suministro de alimentos a pacientes hospitalizados y almuerzos a médicos internos en el hospital”, sin agotar el proceso de selección de mayor cuantía, de conformidad con el manual de contratación de la ESE.
Por su parte, Sierra Rodríguez, suscribió los contratos 252 y 280 de agosto y septiembre de ese mismo año por 90 y 160 millones de pesos, respectivamente, utilizando recursos por 250 millones en mes y veinte días, con lo que habría eludiendo el proceso de selección y evidenciándose además que en el segundo de los contratos se incrementaron los valores unitarios de los suministros a ser realizados, los cuales, al parecer, no tendrían justificación alguna, dado que se trató de la misma vigencia.
Entre tanto, Alex Sandro Mindiola Romero para la vigencia 2012, en menos de un mes suscribió los contratos 280 por 80 millones de pesos con la firma Gestión Administrativa S.A.S. para el suministro de alimentos, y el 28 de noviembre de ese mismo año, realizó otro contrato con la misma compañía y con el mismo objeto por 143 millones de pesos, para un total de 223 millones sin realizar el proceso de “invitación pública”.
Por estos hechos, la Procuraduría considera que los tres gerentes del Rosario Pumarejo pudieron haber incurrido en la falta disciplinaria descrita en el artículo 48 de la Ley 734 de 2002, calificándose provisionalmente como gravísimas, cometidas a título de culpa gravísima
La Procuraduría calificó la falta como gravísima cometida a título de culpa gravísima.
Redacción