La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDE), cuestionó lo que llamó formas modernas de tortura porque se somete al procesado a juicios mediáticos, custodias, capturas, traslados y otros mecanismos de presión física y psicológica que lo obliga a negociar con su libertad, aceptando incluso delitos no cometidos, en alusión a la Fiscalía colombiana para llegar a confesiones o negociaciones coaccionadas con el acusado, en este caso con Nicolás Petro, prácticas consideradas en el mundo jurídico y refrendadas por el alto tribunal internacional.
La filtración del interrogatorio al hijo del presidente comprueba la falta de garantías de la Fiscalía, aseguró el abogado de la defensa, Diego Henao, quien denunció que el preacuerdo al que había llegado inicialmente con el ente acusador se logró bajo la presión de privarlo de la libertad para coaccionarlo.
El jurista aseguró que era una práctica sistemática del mencionado organismo presionar a las personas que investiga con la detención preventiva como método de investigación y de esta forma conseguir delaciones, confesiones y preacuerdos, escenario en el que entró a terciar el afamado abogado penalista, Iván Cancino: “Nada de lo que dijo Nicolás Petro puede ser usado para imputar a nadie en referencia al interrogatorio en el Búnker de la Fiscalía, donde sostuvo que el mandatario tenía conocimiento sobre la entrega de dineros a su campaña en la región Caribe”.
Aunque se le acusa por lavado de activos y enriquecimiento ilícito al, supuestamente, haberse apropiado de un dinero que se donó a la campaña del hoy jefe de Estado y que provenía de cuestionados personajes de la costa Caribe, deberá probarse si hubo enriquecimiento ilícito o abuso de confianza al tomar aportes que hicieron ‘El Hombre Marlboro’ y ‘El Turco’ Hilsaca para la campaña presidencial, conducta que ni los mismo afectados han denunciado sobre dineros que ambos alegan haber declarado ante la Dian.
El proceso contra Nicolás Petro desnuda un marcado interés político y no el ánimo de hacer justicia, se desprende de la filtración a la revista Semana de los apartes de la grabación del interrogatorio.
“Un medio de comunicación tiene y publica un video nunca entregado a la defensa por parte de la fiscalía general de la Nación, esto demuestra que el ente acusador no tiene la capacidad para garantizar la reserva de sus propios elementos, o los está filtrando de manera deliberada. Dada la connotación política, más que jurídica de este caso, es claro que la Fiscalía no quiere o no puede ofrecer las mínimas garantías procesales y el respeto por los derechos humanos de mi defendido”, expone la defensa.
El país observó que mediante un exceso de fuerza el doctor Nicolás Petro Burgos, fue capturado y trasladado de Barranquilla a Bogotá, para realizar una audiencia virtual, donde la Fiscalía delegada no tuvo los elementos para sustentar la medida de aseguramiento que pretendía y por el contrario el Juez de Control de Garantías Constitucionales que llevó a cabo la referida audiencia ordenó la libertad inmediata.
La defensa rebate el manto de duda tendido por la Fiscalía de haberse burlado su defendido de la justicia y hace hincapié en que el preacuerdo al que había llegado el vástago presidencial carecía de validez porque se denotaba una directriz para el fiscal del caso de judicializar a Nicolás Petro. Aunque hubo esta presunta irregularidad de las presiones indebidas en contra del hijo mayor del presidente, está en capacidad de probar que su cliente siempre ha colaborado en el proceso como lo demuestra su comparecencia en todas las diligencias a las que ha sido citado.
Por Miguel Aroca Yepes.