La Fiscalía imputó cargos ayer contra el superintendente de Operaciones Javier Jácome; el superintendente Asistente, Carlos Flórez; el gerente de Operaciones, José Luis Velásquez; el supervisor de Operaciones, Pablo Cárdenas; y los operadores de grúa, Carlos Urieles y Raúl Olivella, de la empresa Drummond por el vertimiento de carbón al mar hace más de un año.
Según el ente de control, los directivos desconocieron los planes de emergencia los cuales se tienen definidos para cuando se presenten estos casos y actuaron de manera consistentes sobre los graves impactos que generaría al ecosistema marino el ordenar que fueran arrojadas al lecho marino más de 500 toneladas de carbón porque la barcaza donde el mineral era transportado se estaba hundiendo.
De acuerdo a como lo dio a conocer Caracol Radio, la fiscal encargada de llevar este caso manifestó que los implicados se habían reunido en las instalaciones del puerto Drummond en Ciénaga, Magdalena y “una vez tienen conocimiento de la situación tomaron la decisión de arrojar al mar más de 600 toneladas afectando severamente los organismo más pequeños del ecosistema marino, es decir, toda la fauna marina generando enterramiento y aplastamiento del ecosistema marino, lo que causó daño a los organismos donde difícilmente van a sobrevivir especies”.
La delegada del ente acusador, agregó que los trabajadores “quisieron salvar la barcaza antes de proteger los recursos ambientales como lo contempla la ley en sus órdenes y obligaciones. El daño fue muy grave, ustedes había actualizado los planes de emergencia que se deben emplear en estos casos y los omitieron”.
Trayendo a colación lo manifestado por la Fiscalía, el hecho presentado con las barcazas ocasionó que se presentaran cambios en el color de las playas, que no entrara luz a las especies que fueron cubiertas con el mineral que cayó lo que infiere que hay un daño fuerte en el ecosistema que hay en el lugar donde se presentó el incidente.