En cumplimiento de una orden de captura emitida por orden de un juez de control de garantías de Floridablanca (Santander), a petición de un fiscal de Administración Pública de la Seccional Guajira, el CTI capturó a 14 en los municipios de Albania y Riohacha, acusadas de los delitos de peculado por apropiación, interés indebido en la celebración de contratos y contrato sin cumplimiento de requisitos legales, desvío de recursos públicos, sobrefacturación y falsedad en documento público.
El fiscal General de la Nación, Luis Eduardo Montealegre, en rueda de prensa explicó que en el caso del municipio de Albania, los hechos ocurrieron durante el año 2011, seis meses antes de entrar la ley de garantías, cuando fueron denunciados ante diversos entes de control del departamento, las presuntas irregularidades en la gestión del alcalde de ese periodo, Yan Keller Hernández Herazo y en el desarrollo de la investigación sobre contratos celebrados por la Alcaldía, se evidenciaron irregularidades en los convenios interadministrativos No.
008 y No. 004, con adición No. 001, que fueron suscritos con la ESE Hospital San Rafael de Albania, por un valor total de 18.600 millones de pesos, cuyo objetivo principal era la reducción de la mortalidad infantil en el municipio, sin embargo fueron ejecutados parcialmente, sin que se cumpliera a cabalidad el objetivo para el cual habían sido suscritos.
También se estableció que en el proceso de ejecución de estos convenios se designaron diez coordinadores, quienes a su vez, subcontrataron con aproximadamente 1.500 personas para la materialización de la mencionada obligación contractual.
En la coordinación de los subprogramas, estos presuntamente recibieron la suma de 1.200 millones de pesos para la ejecución, que consistía en dictar charlas y visitas, este dinero fue entregado a las 150 personas que cada uno había subcontratado, sin verificar el perfil y la idoneidad requerida para el desarrollo de los programas.
CONTRATISTAS NO TENÍAN EL PERFIL
Entre los contratados para dictar las charlas, había albañiles, mecánicos, técnicos en sistemas, amas de casa, pintores de brocha gorda, los que fueron vinculados para dictar charlar, sin importar que no tuvieran la suficiente preparación.
“Tenían oficios y profesiones muy dignos, pero nada tenían que ver con el objeto del contrato, que era a través programas y expertos dictar charlas para combatir la mortalidad infantil”, afirmó Montealegre.
Algunos de los capturados son: Carlos Arturo Gómez Ovalle, exsecretario de Salud Departamental; Emerson Pinto, excandidato a la alcaldía de Albania; Idania Monsalvo, Yira Montaño, Yelis y Emel Rodríguez, Dayana Ramos, Carmen Yance y Eliana Urango. También hay otras órdenes de capturas que quedaron pendientes.
EN RIOHACHA, TAMBIEN HUBO CAPTURAS
En el caso de Riohacha, la Fiscalía aclaró que a raíz de denuncias recibidas por la mala prestación del servicio de la ONG fundación Un Mejor Vivir, la cual opera 10 contratos, firmados con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf), para la atención integral a cinco mil niños, menores de 5 años, en la cual se invirtieron 10 mil millones de pesos, hace cinco meses se iniciaron las investigaciones y ya libraron siete órdenes de captura, de las cuales se hicieron efectivas cuatro, en contra de funcionarios del Instituto, contratistas y supervisores de programas.
“Después de cinco meses de trabajo se dieron algunos resultados y se demostró que alrededor del 30 por ciento de esos recursos, es decir más de 1.800 millones de pesos, fueron desviados por los operadores, sin justificación”, afirmó el Fiscal General de la Nación.
Así mismo se estableció que de los cinco mil niños que debían ser atendidos, la Fiscalía con ayuda de la Registraduría, comprobó que 304 menores inscritos no existen y con esto se estaban malversando recursos del Estado.
OTRAS IRREGULARIDADES
Según las informaciones de la Fiscalía, en otras irregularidades en las que presuntamente incurrió la fundación en asocio con algunos funcionarios del Icbf, fueron: Los profesionales no tenían el perfil, los sueldos no estaban acorde con lo pactado, la alimentación suministrada es de mala calidad, se comprobaron sobrecostos en papelería, artículos de aseo y refrigerio, en estos últimos se invirtieron cerca de mil millones de pesos.
Igualmente el Fiscal General aseveró que de llegarse a comprobar, que por la mala prestación de los servicios a los niños en La Guajira y negligencia de los funcionarios y contratistas, se están dando las muertes por desnutrición en el departamento, a los responsables se les puede acusar de homicidio culposo y podrían pasar varios años en la cárcel.
El ente acusador aprehendió a la servidora del Icbf, María Isbelda Hernández Roys; la contadora de la Fundación un Mejor Vivir, Yiseth Fince Bravo; el encargado de la provisión de refrigerios y mercados, Ramiro Lizarazo; y el creador de la empresa, Robinson Antonio Román Dávila.
La Fiscalía imputará a los capturados, cargos por los delitos de concierto para delinquir, peculado por apropiación, falsedad ideológica y material en documento público y privado. Y buscará hacer efectivas tres capturas más de personas relacionadas con la presunta red de corrupción.
De acuerdo con la Fiscalía, hacen falta otras capturas de esta presunta red de corrupción que atentaba contra los programas que eran a favor de la población infantil.
Redacción el Pilón.