La Fiscalía General de la Nación le sigue la pista a un grupo de personas, quienes de manera fraudulenta y sin cumplir el lleno de requisitos legales habrían engañado a un número de jóvenes ofreciéndoles diplomas de secundaria sin valor administrativo y jurídico.
Desde 2015 y luego de una denuncia hecha por el columnista de EL PILÓN, Aquilino Cotes Zuleta, la Fiscalía comenzó el seguimiento a los líderes de la Fundación de Estudios del Caribe, entidad que en 2011 entregó diplomas y certificados de grados a 16 bachilleres de Valledupar.
Según narró Cotes Zuleta en la denuncia, la Fundación de Estudios del Caribe funcionaba desde el 2010 en el barrio 12 de Octubre y luego pasó al Kennedy, pero un día desapareció sin rastro alguno.
Una joven de 22 años y otros 15 compañeros pagaron matrículas y mensualidades durante dos años, además recibieron ceremonia de grado tras pagar cada uno $250.000, por el derecho a grado.
“Ese día les entregaron el cartón de bachiller y el acta de grado que lleva las firmas del director Eduar Montoya y la secretaria Yennis Fuentes”, se lee en la columna. Y sí, la damnificada que denunció el hecho mostró el diploma que incluye la “Resolución No. 00735 del 19 de noviembre del 2009” de la Secretaría de Educación de Valledupar, pero que es falsa y carece de validez, según las investigaciones y el concepto de la entidad administrativa.
Este caso, como otros que vienen ocurriendo en el Cesar, fueron alertados por la Secretaría de Educación Departamental, que alertó sobre la presencia de algunas instituciones de educación para el trabajo y el desarrollo humano, conocidas como corporaciones educativas, que no cumplen con los requisitos legales para operar, al no tener licencia ni registro de los programas.
Según información de la Secretaría, la población cesarense está siendo objeto de engaños por parte de algunos establecimientos educativos que ofertan estudios básicos, secundarios, técnicos y no cuentan con licencias de funcionamiento expedidas por ella misma.
En diálogo con el director de Fiscalías en el Cesar, Rodrigo Restrepo Reyes, se conoció que hay ya una indagación sobre el caso que involucra a la Fundación de Estudios del Caribe, pero que se necesita el concepto de las víctimas para seguir el procedimiento y conocer a fondo la modalidad del delito.
EL PILÓN estableció que el caso está en manos de la Fiscalía Octava seccional Cesar, que investiga una presunta falsedad en documento público, hecho tipificado como estafa.
De esta manera, personas como los supuestamente graduados el 26 de diciembre de 2011 en Valledupar, bajo el título de Bachiller Académico, tienen la oportunidad de denunciar formalmente el hecho ante la Fiscalía General de la Nación al ser víctimas de estafa por parte de la Fundación de Estudios del Caribe.
¿Qué está pasando?
La Secretaría de Educación del Cesar tiene identificadas cuáles son las instituciones avaladas para operar en cada municipio y, de esta manera, busca evitar que sigan engañando a los estudiantes quienes sueñan con terminar la secundaria y desean ingresar a una de esas instituciones de educación para el trabajo y el desarrollo humano, para que no sufran engaños.
Según la Secretaría Departamental de Educación, los municipios que cuentan con instituciones avaladas son Aguachica, Agustín Codazzi, Astrea, Becerril, Bosconia, Chimichagua, Chiriguaná, Curumaní, El Paso, El Copey, Gamarra, La Jagua de Ibirico, La Paz, Manaure, Tamalameque, Pailitas, Río de Oro, San Alberto, San Martín y Valledupar.
Mientras que para San Diego, Pueblo Bello, Pelaya, González y La Gloria no hay instituciones de educación para el trabajo y el desarrollo humano autorizadas para operar en dichas poblaciones, es decir, que si existen no cumplen con los requisitos para brindar los servicios educativos al no tener los permisos de la Secretaría de Educación del Cesar.
La entidad explicó que una institución educativa para el trabajo y el desarrollo humano, para poder operar legalmente, está obligada a tener una licencia de funcionamiento la cual su valor asciende a 10 salarios mínimos legales, lo que equivale a $7.812.420, y un registro de programa que tiene un costo cercano a tres millones de pesos.
“Estos establecimientos que no cuentan con licencia expedida de la Secretaría de Educación no pueden certificar estudios a los usuarios e indudablemente ocasionando perjuicios a los estudiantes vinculados a este tipo de establecimientos”, indicó la Secretaría de Educación en un comunicado.
Se conoció también que algunas corporaciones operan de manera ilegal porque tienen licencia o registro de otros departamentos, pero esa no convalidad para funcionar en el Cesar.
De igual manera, otras que operan legalmente en Valledupar, en donde la licencia y el registro no tienen costo, trasladan sedes a otros municipios del Cesar con las autorizaciones que les otorgan en Valledupar, pero dicha operación es ilegal.
Se informó que el Ministerio de Educación cuenta con un aplicativo llamado ‘Buscando Colegio’ donde permite buscar las instituciones oficiales y no oficiales de educación preescolar, básica y media así mismo hacer consultas de la jornada escolar, allí pueden consultar cualquier información al respecto. También desde la página web de la Secretaría de Educación www.educacion.cesar.gov.co las personas pueden consultar el listado de los institutos con licencia de funcionamiento en el Cesar. Igualmente, el Sistema de Información de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano (SIET).
Los estudiantes y padres de familia interesados en conocer qué institución educativa para el trabajo y el desarrollo humano, o corporación, opera legalmente en su municipio, deben ingresar a la página del Ministerio de Educación Nacional y hacer la verificación en el listado por departamentos que aparece allí. De lo contrario comunicarse con el área de Inspección y Vigilancia de la Secretaría de Educación del Cesar al teléfono 5748230 extensión 410 o al correo inspeccionyvigilancia.cesar@gmail.com.
De Aguachica en San Diego
El director del Instituto Técnico de la Costa (Intecos), Ricardo Vives Fernández, denunció que una de estas instituciones falsas viene dictando cursos en el municipio de San Diego, pero su licencia de operación está para Aguachica, sur del Cesar.
“Nosotros como instituciones técnicas para el trabajo y desarrollo humano encontramos una limitante porque estamos en Valledupar y existen usuarios de todo el departamento, pero hace un año se nos están retirando y dejando de estudiar. En las investigaciones encontramos que abrieron corporaciones iguales en sus municipios, pero al averiguar por ejemplo en el tema de salud, algunas ofertan servicios sin tener los acuerdos del Ministerio de Protección Social, sin tener resoluciones del departamento o municipio, y lo peor es que han graduado un sinnúmero de personas sin las prácticas y sin tener registro, los llevan a graduarse en Santa Marta”, indicó Vives Fernández.
Pidió garantías a la Oficina de Inspección y Vigilancia del departamento del Cesar, donde ya ha hecho denuncias con dirección, municipios y programas que ofertan.
“Las instituciones de Valledupar que operan en otros municipios lo hacen con legalidad, sucede es que vienen instituciones de Santa Marta, Barranquilla, La Guajira, a funcionar en el Cesar sin tener proyectos radicados. En el caso de San Diego ya notificamos que es de Aguachica y está ofreciendo sin ningún tipo de registros para operar en ese municipio; la Secretaría de Educación ya sabe pero no reacciona”, reveló Ricardo Vives.
Esta institución establecida en San Diego ofrece cursos en Operación de maquinaria pesada, camión minero, tractor sobre orugas, retroexcavadora, cargador, entre otros, y carreras como Técnico en seguridad, Técnico en sistemas, Técnico en topografía, Técnico en desarrollo ambiental, Técnico en administración financiera y sistemas, y otros más. Ofrecen las matrículas gratis.
Se estableció que quienes cursen este tipo de cursos podrían tener dificultades en cuanto a la legalidad del título, debido a que un aprendiz no está formado adecuadamente y no cumplirían con las prácticas formativas, además de que su certificado saldría desde ciudades como Santa Marta siendo residentes del Cesar, así la Oficina de Control y Vigilancia tendría facultades para avocar los títulos y considerarlos como fraudulentos.
¿Qué son?
La Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano es considerada como un proceso formativo organizado y sistemático, mediante el cual las personas adquieren y desarrollan a lo largo de su vida competencias laborales, específicas o transversales, relacionadas con uno o varios campos ocupacionales referidos en la Clasificación Nacional de Ocupaciones, que le permiten ejercer una actividad productiva como empleado o emprendedor de forma individual o colectiva.