El nombramiento del fiscal general de la Nación invita a debatir sobre el perfil que debe reunir este importante servidor público. Todos los miembros de la sociedad civil tenemos el derecho a ofrecer nuestros puntos de vista acerca de esto.
Participar en la deliberación acerca de las calidades que deben tener los servidores públicos es un derecho humano en una democracia, en especial, quien obstente un gran poder político que puede afectar la salud pública del país.
El proceso de selección y nombramiento del fiscal no puede circunscribirse a los puntos de vista del presidente de la República, responsable de enviar la terna a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia quienes finalmente lo nombra. ¡No! La democracia nos pertenece a todos y tenemos el derecho humano de deliberar acerca de su perfil porque de esto depende la libertad.
No se trata de personalizar la política. Ni más faltaba. No obstante, no puede negarse que la personalidad del fiscal puede poner en peligro la libertad de las personas y los derechos humanos. Escoger a alguien autoritario y enemigo de la seguridad jurídica puede constituir peligro a la democracia y los derechos humanos.
Por esta razón, nos asiste el derecho a opinar. Una regla de oro de los Estados Constitucionales de Derecho y la democracia es que los poderes públicos deben estar separados y que entre estos no puede ni debe haber confabulación o coordinación, sino un sistema de frenos y de contrapesos, por tanto, la forma como se nombra el fiscal no es un buen ejemplo de esto, sino de confabulación.
Este sistema de nombramiento del fiscal constituye una de las tantas muestras de que nuestra democracia es débil, por no estar perfeccionado el sistema de frenos y de contrapesos, y que existe una concentración de poderes que facilita tal confabulación.
En la medida en que haya un presidente con tendencias autoritarias habrá la posibilidad institucional para perseguir a sus rivales políticos con el aval de la administración de justicia. Es un peligro que no se debe ignorar. El ejemplo de Venezuela nos debe abrir los ojos.
Desde la Fiscalía General de la Nación se confabulaba con la administración de justicia para perseguir penalmente a la oposición política. Esto nos da muestra, en cuerpo entero, el riesgo al que también estamos expuestos los cololombianos.
Las democracias constitucionales sólidas con una seria división y separación de poderes públicos, con un sistemas de frenos y de contrapesos fuerte, no tienen un diseño institucional como el nuestro. En esas democracias, un magistrado no pasa a ministro de Estado ni un miembro del Ejército puede, en comisión de servicio, ser simultáneamente magistrado de una corte de justicia.
Esto es totalmente inadmisible, por ser contrario al Estado Constitucional de Derecho. Esta situación de la realidad institucional nacional nos indica, con nitidez, que el perfil del nuevo fiscal general de la Nación importa mucho, por tanto, el debe ser un humanista que conozca de derecho penal, criminología y sea un defensor de la paz y de los derechos humanos.
Un humanista que, en materia de penas, no siga los pasos de Kant o Hegel y vea en el castigo no la destrucción del enemigo, sino la forma de un castigo que permita la rehabilitación de víctimas y victimarios. Necesitamos un humanista.