A través de una carta que envió a Humberto De La Calle, jefe del Equipo Negociador de la paz en Cuba, el presidente de Fedegán, José Félix Lafaurie Rivera, manifestó su preocupación por la presunta adquisición irregular de antiguos baldíos de la nación por parte de grupos económicos interesados en proyectos de gran escala en la Orinoquia.
“Cualquier solución legal diferente a la aplicación tardía de la ley, no sería más que un remiendo legal para limpiar situaciones que no resisten una valoración ética. Sería responder a quienes se han movido ‘entre lo indebido y lo ilegal’, con acciones del Estado que se siguen moviendo ‘entre lo indebido y lo ilegal’”, dijo Lafaurie.
En la misiva, el líder gremial le dice a De La Calle, que si el Gobierno se pone de lado de los empresarios y les busca una salida para legitimar la propiedad de esas vastas extensiones, estimadas en cerca de 600 mil hectáreas, no saldrá indemne del juicio ético y político, “y seguramente tendrá que pararse de la mesa de negociaciones, donde esa posición será inaceptable para las Farc, que han puesto la redistribución de la tierra como condición para la paz.
Si, por el contrario, sigue aferrado a la mesa y al discurso demagógico de las Farc sobre la tierra, tendrá que aplicar la ley a rajatabla, lo que va a producir la desbandada de la necesaria inversión privada en el campo, grandes pérdidas a los inversionistas y multimillonarias demandas, además de una crisis política y de gobernabilidad sin precedentes, sin contar con el impacto de los TLC, que arrasarán con la economía campesina que Gobierno y Farc dicen defender en las negociaciones”.
Lafaurie Rivera le hizo serios reparos al documento conocido como el Primer Informe Conjunto entre el Gobierno y las Farc sobre el avance de las negociaciones que se realizan en Cuba, referente a los instrumentos de expropiación y extinción de dominio para los predios rurales que incumplan la función social o ecológica.
“Sería inaceptable que, por cuenta de su poder económico, los grupos económicos que hoy son grandes concentradores de tierras lograran sortear sus propias argucias y blindar su propiedad, mientras que los propietarios legales, que hemos sufrido la persecución de todos los actores armados, quedemos sometidos por los acuerdos con las Farc a la expropiación y la extinción de dominio en procesos sumarios y discrecionales. Eso nunca lo aceptaremos”, afirma la ‘cabeza' de los ganaderos en otro aparte de la carta.
Denunció también la condición de victimarios y despojadores de tierras de las Farc; al tiempo que se refirió a la actualización catastral, que calificó de necesaria, sin dejar de llamar la atención sobre los valores que en las últimas décadas se han elevado al pasar de 30 billones a 94 billones, es decir un crecimiento del 213%.
“Cualquier actualización no podrá tener en cuenta ninguna consideración distinta a la capacidad productiva y la rentabilidad de los predios, así como sus mejoras, como establece la Ley 101 de 1993”, le dice Lafaurie a De La Calle.
El líder de la ganadería en el país, le recordó al equipo negociador y al gobierno la voluntad de paz del gremio, la cual no solo se hace redistribuyendo la tierra, “la paz se construye con disponibilidad de capital, con trabajo forzado y con tecnología aplicados sobre la tierra. La recuperación del campo la hemos pedido los ganaderos desde hace medio siglo, aunque hoy se quiera mostrar como el descubrimiento del agua tibia.
Solo así se para sembrar una paz duradera, que no esté atada al chantaje de las armas y la violencia, sino a la capacidad de los colombianos de bien para construir un país mejor, soportados en la voluntad política de sus gobernantes y en la vigencia plena de la ley y de las instituciones democráticas”.