Pintan bien las cabañuelas de este año y seguramente en el mes de abril veremos a los productores del campo arando sus tierras para producir los alimentos que llegan a las mesas de los 49 millones de colombianos y los mercados de unos cuantos países del mundo.
Garantizar la producción anual de 12.000 millones de huevos, 1.4 millones de toneladas de pollo, un millón de toneladas de aceite, 2.7 millones de toneladas de arroz, 2.5 millones de toneladas de papa, 3.285 millones de litros de leche, 860 mil toneladas de carne bovina o 1.5 millones de toneladas de maíz, entre otros alimentos de consumo nacional, no es cosa fácil en un país que carece de vías terciarias, transporte ferroviario, distritos de riego, transferencia tecnología y acceso a la educación en las zonas rurales.
A pesar de los anteriores problemas, y de la incertidumbre jurídica en las políticas de tierra, arancelaria y de precios, los sectores de la producción agropecuaria siguen haciendo grandes inversiones en muchas zonas rurales de este país donde siquiera existe un puesto de policía y la provisión de bienes públicos. Según cifras del Dane, en el año 2015, el sector avícola invirtió alrededor de $16.5 billones, los cafeteros $5.5 billones, los floricultores $2.9 billones, la porcicultura $2.8 billones, los productores de aceite de palma $2.4 billones, los arroceros $1.8 billones, los azucareros $1.5 billones y los bananeros $1.3 Billones, para citar unos cuantos ejemplos. ¿Se imaginan la potencia agrícola que sería Colombia sin esos obstáculos?
No hay que desconocer los esfuerzos que han hecho el ministro de Agricultura, Aurelio Iragorri y su equipo para impulsar el sector agropecuario de nuestro país, pero como dice el refrán popular “una golondrina no hace verano”. Si el presidente Juan Manuel Santos pretende que el sector productivo le ayude a resolver el problema de seguridad alimentaria, generar más empleo rural y saque adelante el postconflicto, va a tener que implementar un “Fast Track” para el agro. La radiografía y el diagnóstico mostrado por el Dane en el reciente censo agropecuario, exige acciones inmediatas, compromiso y voluntad política de varios de sus ministros.
Con un “Fast Track” para el agro, el Gobierno Nacional podría expedir medidas inmediatas que brinden confianza y seguridad a los inversionistas del campo, reduzcan el “costo país” y ayude a mejorar la competitividad de los agronegocios. Y sobre todo, que agilice la disponibilidad y ejecución de los recursos de ayuda al sector para que estos lleguen a los productores “antes de” y no “después de” los calendarios de siembras.
Un “Fast Track” para el agro, que permita duplicar la transferencia de tecnología, los programas de emprendimiento a jóvenes del campo, la sistematización en los procesos de acceso a los incentivos de productividad, cobertura de riesgos y acceso a crédito agropecuario.
Si ya nos pusimos de acuerdo en cuál, dónde y cuánta agrícola desarrollar en el país, pues asuman el compromiso de decir cuánta de esa agricultura están en condiciones de apoyar como Nación y cuáles van a ser los planes de inversión más idóneos que piensan implementar para alcanzar los objetivos definidos. Esto no da más espera.