En las últimas horas, el abogado Evaristo Rodríguez Felizzola reveló que el Clan del Golfo presuntamente ha declarado objetivo militar a la familia Pimienta Naranjo, propietaria del terreno Sabana 1.
Según el abogado, el grupo criminal tiene bases operativas a pocos metros del predio lo que eleva la gravedad de la situación. “La finca La Sabana tiene medidas de protección porque allí está el aparato criminal del Clan del Golfo”, expresó Rodríguez, quien también recordó que la familia Pimienta ha sido objeto de amenazas de muerte por parte de este grupo armado.
Esta denuncia fue presentada ante la defensora del Pueblo a nivel nacional, Iris Marín Ortiz, en su visita por Valledupar el pasado lunes 18 de noviembre en la Institución Educativa Ricardo González ubicada en el barrio La Nevada. De acuerdo con el jurista, a la defensora le expuso esta situación de la que estaría siendo víctima la familia, que ha solicitado que se les devuelva su propiedad, pero hasta ahora la situación sigue sin resolverse.
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El predio Sabana 1, donde actualmente viven más de 30 mil personas, según datos de la Alcaldía de Valledupar, alberga varias invasiones, entre ellas: Bello Horizonte II, Brisas de la Popa, Los Guasimales y Altos de Pimienta.
Cabe indicar que el alcalde de Valledupar, Ernesto Orozco Durán, ha propuesto la compra de los terrenos a sus propietarios como una solución para regularizar la situación y ofrecer vivienda a las familias desplazadas, pero la Corte Constitucional aún no ha emitido una respuesta sobre la solicitud de modulación de su sentencia T-946 de 2011. Mientras tanto, los propietarios del predio siguen esperando una solución definitiva con este tema que se ha venido extendiendo.
Es de precisar que el abogado Rodríguez también acusó al mandatario local de aprovechar la situación para presionar a los propietarios y obtener el pago que considera injusto. “Mientras se les amenaza de muerte, el alcalde simplemente quiere arrodillar a los propietarios para pagarles lo que él pretenda”, dijo el abogado.
Evaristo Rodríguez además destacó que la familia Pimienta ha pagado alrededor de 10 mil millones de pesos en impuestos por el predio invadido.
Este conflicto, que involucra amenazas de grupos criminales y la disputa por la tierra, sigue sin una solución clara complicando aún más el panorama.
Cabe señalar que hasta el momento las autoridades no se han pronunciado sobre este caso para confirmar o desmentir las intimidaciones.