En un solo clamor, los padres de un grupo de niños en condición de discapacidad de Valledupar, solicitan a las autoridades que se les respete su derecho a la educación y a la igualdad consignado en la Constitución Nacional.
Según denuncian los padres de familia, cerca de 200 niños con distintas discapacidades sensoriales y cognitivas, esperan desde principios de este año el nombramiento de docentes y profesionales de apoyo para recibir la educación especializada apropiada para recibir sus clases.
Los docentes que requieren estos menores, deben ser bilingües, es decir, en el caso de los estudiantes sordos necesitan maestros intérpretes que manejen el castellano y el lenguaje de señas colombiano mientras que los niños ciegos deben contar con profesores de apoyo especialistas en sistema braille, ábaco y desplazamiento.
En cuanto a los niños con discapacidad cognitiva (síndrome de Down y retardo de aprendizaje) también es necesaria la intervención de profesionales idóneos que les ayuden a salir de forma satisfactoria en su proceso educativo.
El municipio de Valledupar es la entidad responsable de facilitar esta planta docente, pero por efecto de trámites y prohibiciones contempladas en la Ley de Garantías Electorales, actualmente en vigencia no se le ha podido garantizar las condiciones educativas de inclusión a este grupo que pide a gritos las mismas oportunidades de ascender en la escala social que tienen los demás niños.
Los niños no pueden esperar más
La maestra bilingüe en Lenguaje de señas, Marlene Rincones López, a cargo de los niños sordos de la Institución Educativa José Eugenio Martínez sede primaria, señaló que “a estos alumnos los ampara el Estado, sin embargo se les han vulnerado todos sus derechos al no contar con el personal adecuado que los apoye en su proceso pedagógico, es por eso que los menores no pueden atrasarse más en sus clases”.
La educadora indicó que “el Decreto 366 del 2009 reglamenta la atención a los menores en situación de discapacidad al organizar la oferta educativa de este sector, mientras que la ley estatutaria 1618 de 2013 en su artículo 11 contempla el derecho a la educación y fija las responsabilidades que le conciernen al Ministerio de Educación, a las entidades territoriales y a los establecimientos educativos, sin embargo, muchos servidores públicos parecen tener desconocimiento de la norma o la violan reiteradamente”.
Rincones López manifestó que falta mucha conciencia de los padres en torno al tema de la discapacidad pues todavía hay muchos prejuicios con los niños en el sentido de que gran parte de progenitores por su nivel bajo de educación, piensan que sus hijos no pueden tener un futuro mejor y no ven como prioridad “pelear” por sus derechos que son sagrados dentro del marco de la ley.
Se legaliza contrato
EL PILÓN consultó al secretario de Educación Municipal, Asdrúbal Rocha quien informó que el pasado jueves 29 de mayo fue adjudicado a través de licitación el contrato con el cual se vincularán 18 docentes y equipo integrado por sicoorientadoras, enfermeras y terapeutas quienes se encargarán de atender a una población de 426 niños en condición de discapacidad de Valledupar.
El funcionario señaló que “no ha sido negligencia del Municipio resolver el tema, pues en enero se llevó a cabo un proceso licitatorio que se declaró desierto porque la firma que se presentó no cumplió con la evaluación financiera”.
Asdrúbal Rocha explicó que “la única firma que se presentó tenía como exigencia la contratación de docentes escogidos por ellos, a lo que el Alcalde se manifestó en desacuerdo porque en este tema es necesario darle continuidad al trabajo realizado por los docentes del Municipio que por 10 años han trabajado con los escolares en condición de discapacidad”.
En ese sentido, la Alcaldía de Valledupar se comprometió a que el mencionado contrato para vinculación del cuerpo docente requerido en las diferentes instituciones, iba a empezar en los próximos días, debido a que es un servicio de gran prioridad para la comunidad estudiantil afectada.
¿Cuáles serán los colegios beneficiados?
Los niños de primaria y bachillerato beneficiados con los nuevos docentes estudian en la institución educativa Eduardo Suárez Orcasita, Instituto Técnico Upar, sede Galán; Instituto José Eugenio Martínez en bachillerato y sede primaria en el Centro de Desarrollo Vecinal, CDV.
Por vía legal
La madre de familia María Isabel Cárcamo angustiada por la falta de solución al tema de su hijo Jesús Manuel Echeverría de 16 años, buscó ayuda en la Defensoría del Pueblo, instancia que la asesoró para que interpusiera una tutela con el fin de reclamar los derechos de su hijo.
El 4 de marzo, la juez Primero Penal Municipal, Lourdes Toncel concedió amparo constitucional a la señora Cárcamo, medida con la que ordenaba a la Secretaría de Educación de Valledupar que en 48 horas adopte las medidas presupuestales de planeación, programación y organización de la oferta institucional que garanticen al menor y a los otros estudiantes con discapacidad auditiva el acceso efectivo a la educación y con ello garantizar su inclusión social.
Según la madre querellante, su petición aún no ha sido escuchada porque en el momento no vislumbra la solución del problema, pese a que el 27 de marzo interpuso ante la misma juez, una solicitud de cumplimiento del fallo e incidente de desacato.
Frente a esto, el secretario Asdrúbal Rocha indicó que “nunca hubo ningún desacato pues como Municipio logramos demostrarle a la Juez que teníamos presupuestalmente los recursos para atender el tema como efectivamente se está haciendo”.
“Somos cuidadosos en el tema de las tutelas y siempre estamos dispuestos a darle la respuestas pertinentes a los jueces de la República”, dijo el funcionario.
Por su parte, la señora Isabel Cárcamo hizo un llamado a la Alcaldía de Valledupar para que agilice el proceso de contratación porque cada día que se pierde es un atraso en el aprendizaje de estos pequeños que tienen derecho a la educación, igualdad y a la dignidad humana.
Cárcamo señaló que “es muy complicado que niños sordos sin intérprete puedan comprender lo que está enseñando un docente normal, los niños van a clases pero en las seis horas se les dificulta aprender”.
“Todos los años es el mismo calvario para tener los profesores que nuestros hijos necesitan, ellos los deberían tener desde el 21 de enero que comenzaron las clases y todavía nada”, acotó la madre de familia.
En América Latina y el Caribe, de acuerdo a los datos del Banco Mundial, sólo entre el 20% y el 30% de los niños y niñas con discapacidad asisten a la escuela.
Según los datos disponibles, puede concluirse que los niños y niñas con discapacidad suelen ser excluidos de los sistemas educativos.
En Colombia sólo el 0,32% de los alumnos que asisten a la escuela tienen una discapacidad –promedio muy por debajo del porcentaje de niños y niñas con discapacidad en el país.
Por Ximena Becerra Guerra