El teniente del Ejército (r) Carlos Andrés Lora Cabrales constituyó su carrera militar con orgullo por pertenecer a ciertos batallones de contraguerrilla y de combate que había en el territorio nacional, pero reconoce que al alcanzar los 44 años de edad ese orgullo se desvaneció entre las manos manchadas con sangre de personas inocentes.
Las condecoraciones, los uniformes, las felicitaciones y el reconocimiento murieron un día que su madre decidió quemar todo mientras estuvo privado de la libertad en la cárcel ‘La Picota’ de Bogotá.
“Con esto sepulté cualquier honor militar que me quedaba”, afirmó Carlos Andrés Lora Cabrales. El hombre contó que su participación en las ejecuciones extrajudiciales con el Batallón de Artillería N°2 La Popa comenzó con un hecho que sucedió el 22 de marzo de 2003 en el asentamiento de La Mesa, zona rural de Valledupar.
Lora era comandante del pelotón especial ‘Truenos’ y ese día siendo aproximadamente las 3:00 de la mañana formaron por orden del entonces coronel Hernán Mejía, comandante del Batallón La Popa, con el fin de asignarles un operativo.
El alto oficial ordenó que se desplazaran en la camioneta hacia el sector del Mamón donde había una casa con un grupo de las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC.
“Cuando llego al sitio me encuentro a Manuel Valentín Padilla, a Efraín Andrade y al mayor José Pastor Mahecha, que se desempeñaba como oficial, ellos me dicen que por esa trocha siguiera e iba a encontrar una casa, que cuando la encuentre la rodeara y dispara contra la casa”, recordó Lora Cabrales.
Él cumplió la orden al ‘pie de la letra’, pero cuando comenzaron a disparar notó que nadie repelió el ataque y al entrar al inmueble encontró a tres personas muertas con uniformes, fusiles y granadas.
Se trataba de Jaider Valderrama, Iván José Albernia Ortíz e Iván Estéfano Navarro, unos ciudadanos que, al parecer, raptaron con antelación para presentarlos como guerrilleros. A Lora Cabrales todo le pareció extraño. Al regresar al batallón encontró agasajo, lo felicitaron y el superior le pidió que realizara el informe reportando las ‘bajas’.
“Al hacer ese informe de patrullaje comenzó mi carrera de asesinatos porque ese era el punto en el que tenía que parar y decir no firmo, pero a partir de ahí quebré mi voluntad y la situación profesional tomó otro camino”, contó Lora.
Reconoció que hacer parte del pelotón ‘Truenos’ fue motivo de orgullo por estar conformado de los más veteranos del cantón militar, pero que ‘era un pelotón creado para matar’.
A partir de ahí el teniente (r) en complicidad con otros uniformados comenzó una embestida a sangre y fuego en la que cayeron muchos inocentes.
Entre esos están Joaquín Vergara, ultimado el 18 marzo de 2003 en Bosconia; Nelson Villalobos y José Hernández, asesinados el 31 marzo de 2003 en San Diego, y Carlos Arturo Cáceres, muerto en el corregimiento de Guatapurí el 16 junio de 2003, entre otros.
Lora Cabrales tuvo varias condenas en su contra en la justicia ordinaria por los ‘falsos positivos’, una de esas por la muerte del kankuamo Juan Enemías Daza Carrillo, asesinado el 6 de febrero del año 2004, en cercanías del corregimiento de Atánquez, municipio de Valledupar.
Al crearse la JEP y ser entrevistado el teniente (r) Lora Cabrales se mostró reacio para aceptar los falsos positivos, pero después por los ‘golpes de la vida’ decidió liberarse contando la ‘verdad’.
“Hay gente que ha estado conmigo y otras que no, que se fue, mi madre, mi hermano y unos hijos que nunca vi crecer, a los que vine a ver cuando tenían 9 años, pasé mucho tiempo de mi vida del que me perdí de ellos, y tuve una abogada que me ayudó a recapacitar, que le debo mucho y que me acompañó 20 años”, puntualizó Lora al manifestar porque decidió reconocer los hechos.
FOTO JOAQUÍN RAMÍREZ.
LOS RESULTADOS
El sargento primero (r) Efraín Andrade Perea, por su parte, manifestó que las ejecuciones extrajudiciales se dieron también para posicionar al batallón La Popa a nivel nacional.
“El afán era aumentar las estadísticas de bajas en combate de la unidad táctica porque existía la competencia en otras unidades y la idea era mantener el batallón La Popa en primer o segundo puesto en bajas de combate a nivel nacional”, acotó Andrade.
Agregó que para eso contaban con el apoyo de los paramilitares que aportaban personas vivas o muertas, además de guías geográficos que actuaban de la mano con los soldados. Las ‘bajas’ las hacían entre el comandante del batallón, el paramilitar de la zona alias 39 y Manuel Valentín Padilla, que es otro de los imputados.
Andrade Perea también explicó que el orden público en el marco del conflicto también los favoreció para cometer las ejecuciones extrajudiciales, puesto que en algunos casos los mismos militares tenían que bajar los cuerpos sin que la Fiscalía hiciera los actos urgentes por tema de seguridad.
“No tuve el valor ni la entereza que me enseñó mi mamá”, dijo Andrade Perea, quien agregó: “Si yo hubiera hablado a tiempo, cuando me di cuenta que mis hombres estaban haciendo actividades ilegales, mostrándole mentiras a mi pueblo, hoy no estaría aquí”.
Los militares Carlos Andrés Lora y Efraín Andrade Perea hablaron ante los 65 representantes de víctimas que estuvieron en la audiencia de reconocimiento de la JEP, la cual culminó este martes.
A su turno también los hicieron Yeris Andrés Gómez, el mayor Heber Hernán Gómez Naranjo, los subtenientes Eduart Gustavo Álvarez Mejía y Elkin Leonardo Burgos Suárez; el sargento primero Manuel Valentín Padilla Espitia; así como también, el sargento viceprimero José de Jesús Rueda Quintero y los soldados Juan Carlos Soto Sepúlveda, Elkin Rojas, Guillermo Gutiérrez Rivero y Alex José Mercado Sierra.
Las víctimas también tuvieron la oportunidad de intervenir y cuestionar la actitud de los uniformados frente a sus familiares caídos en armas. Como el kankuamo Abelardo Daza, que relató como retuvieron a su padre, Juan Nehemías y lo señalaron de ser guerrillero, tras realizar con él labores del campo.
“Él (Juan) no traía armas, simplemente traía una mochila y dos limones”, dijo Abelardo. Así mismo, habló Neila Arias para recordar la muerte de su padre, Enrique Arias, un kankuamo asesinado en el mes de junio de 2004. La mujer reprochó la manera en que los uniformados se ensañaron con la familia Arias y los miembros de su comunidad indígena.