Un fallo en primera instancia de la Inspección de Policía Urbana Permanente de Los Fundadores ordenó la demolición del denominado “muro de Berlín”, un cerramiento que se encuentra construido junto a un área de cesión circundante a las urbanizaciones abiertas Don Miguel y Altos de Don Miguel de la ciudad de Valledupar.
La orden corresponde a una serie de derechos de petición y acciones de tutela que han interpuesto las comunidades de los barrios Villa Yaneth, Campo Romero, Villa Andrés, Campo Florida y Francisco Javier, habitantes vecinos de las mencionadas urbanizaciones, que han solicitado la demolición del cerramiento porque presuntamente les afecta el derecho a la libre locomoción y el desarrollo urbanístico de estos cinco sectores.
“La inspección pudo constatar que es un cerramiento ilegal porque en el año 2016 la Curaduría No.2 aprobó la construcción de la Urbanización abierta Don Miguel y Altos de Don Miguel y el señor Maya cerró el predio de tal manera que la continuidad de las calles se vieron truncadas, no dejaron los espacios pertinentes por ley para las viviendas de estos barrios y para hacer la calle completa”, manifestó Hugo González, abogado de los barrios afectados.
En ese sentido, la inspección de policía le ordenó a la Constructora Maya y Asociados S.A.S., empresa que construyó las urbanizaciones Don Miguel y Altos de Don Miguel, que un término no mayor a 60 días deben demoler el cerramiento y que de no acatar la orden caerán en “un tipo penal establecido para fraude a resolución judicial o administrativa de Policía señalada en el Artículo 454 de la Ley 599 de 2000”.
El fallo
En el fallo, la Constructora Maya y Asociados S.A.S. fue declarada infractora del Nuevo Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana por haber “incurrido en un comportamiento que afecta la integridad urbanística establecido en el literal A, numeral 3 del Artículo 135 de la Ley 1801 de 2016”.
En ese orden de ideas la inspección puntualiza que no están permitidos cerramientos en zonas verdes, parques, plazas, vías, equipamiento o parte de los bienes de uso público. Norma que se infringió porque el cerramiento se encuentra sobre un área de cesión del municipio y en casi toda la totalidad del perímetro de la urbanización.
De acuerdo con Hugo González, abogado de los barrios afectados, fueron cerrados los accesos a las calles 2, 2 A, 2b, 2C, calle 3, 3 A, 3B y 3c. De igual manera a las carreras 44, 45, 46, 46Bis, 47, 48, 49 y 50. Acotó que el cerramiento lo hizo la constructora durante la etapa de construcción de las dos urbanizaciones con la promesa de que luego sería demolido.
Agregó que en reiteradas ocasiones a niños de los cinco barrios vecinos se les “ha negado” el ingreso al parque y a la cancha que está dispuesta en el área de cesión cuando es un bien de uso público al que todas las personas de la zona deben tener acceso, pero por el cerramiento “lo limitan los habitantes de Don Miguel y Altos de Don Miguel porque está cercano a esas urbanizaciones”.
Cerramiento y seguridad
Por otro lado, los habitantes de las urbanizaciones abiertas Don Miguel y Altos de Don Miguel manifestaron ante los diferentes recursos interpuestos por las cinco comunidades vecinas que el cerramiento no “impide el desarrollo urbanístico ni atenta contra el derecho a la libre locomoción”.
“Las calles de esos barrios no conectan con las vías de estas dos urbanizaciones. Este cerramiento no les afecta a ellos en nada, nosotros nunca les hemos negado que los niños entren al área de cesión, lo que les pedimos es que no entren volándose el muro”, dijo una habitante de Don Miguel que prefirió omitir su nombre.
Esta ciudadana aseveró que muchos residentes de las dos urbanizaciones se sienten “atemorizados” de dar sus nombres y hablar públicamente del cerramiento porque presuntamente los habitantes de los barrios vecinos “son delincuentes que pueden atentar contra la vida de uno y de su familia”. Acotando así que no quieren que se derrumbe el muro porque es el recurso que les brinda seguridad.
Por lo anterior los abogados de estas urbanizaciones interpusieron un recurso de reposición y en subsidio de apelación y una nulidad en contra del fallo de la inspección. Sin embargo, el recurso de reposición y nulidad les fue negado de plano y se les concedió el recurso de apelación que tiene que ser “resuelto por el alcalde Ernesto Orozco en los ocho días siguientes”.
¿El cerramiento quién lo hizo?
En la diligencia del proceso, el apoderado de la Constructora Maya y Asociados S.A.S. puntualizó que apoyará el recurso de reposición y en subsidio de apelación interpuestos por las dos urbanizaciones “teniendo en cuenta que se reflejan vicios en el proceso porque hay episodios por solucionar dentro del mismo lo que conlleva a un fallo viciado de nulidad”.
A pesar de que la constructora brinda su respaldo a los recursos de los abogados de las dos urbanizaciones, el apoderado precisó que la empresa no realizó el cerramiento y que debe ser el municipio de Valledupar quien “resuelva la situación”.
“El cerramiento al que se le hace alusión fue iniciativa de los habitantes de Don Miguel y Altos de Don Miguel. La constructora no cerró las vías y por tal motivo interpongo el recurso de alzada para que sea el municipio de Valledupar quien resuelva el asunto”, puntualiza el oficio.
Las vías
En la acción de tutela presentada por las comunidades y que luego tuvo trámite en la inspección de Policía, la Constructora Maya y Asociados S.A.S, respecto a si la urbanización Don Miguel es abierta o cerrada, aseveró que es abierta y que la decisión de cerrar las vías de acceso radica en los moradores de ese barrio y es a ellos a quien debe dirigirse la solicitud, de igual forma aclara que a pesar de ser un conjunto abierto no tiene continuidad externa en sus vías, “motivo por el cual no debería ser un obstáculo para el tránsito de los barrios vecinos”.
Por último, se oponen a las pretensiones planteadas por los accionantes, teniendo en cuenta que no han vulnerado los derechos fundamentales invocados y sus solicitudes deben dirigirse ante los moradores de la urbanización Don Miguel. También puntualizan que para facilitar el ingreso a las áreas de cesión, deben llegar a un acuerdo con el líder de la Junta de Acción Comunal, JAC, para que puedan ingresar al predio fijando unos horarios y garantizar la seguridad en el área.