Mediante fallo de tutela, el Tribunal Administrativo del Cesar ordenó a las Fuerzas Militares respetar y garantizar los derechos fundamentales de la comunidad indígena arhuaca vulnerados hace más de 50 años con la instalación de una base militar y la explotación comercial de antenas de comunicaciones en medio de su resguardo.
Se ordenó al Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional y la Brigada Blindada de Valledupar, adelantar el proceso de consulta con los representantes de dicha comunidad indígena destinado a establecer el impacto que la construcción y operación de la base militar ha causado o pueda causar sobre el territorio ancestral de esa comunidad.
Igualmente ordenó, entre otros, a la Dirección de Asuntos Étnicos del Incoder revisar las irregularidades del proceso de titulación de tierras, que conforme a las denuncias hechas, se han presentado y adopte las medidas necesarias para formalizar la titularidad de los predios que las comunidades indígenas reconocen como ancestrales.
El Tribunal tuvo en cuenta, dentro de sus consideraciones, los antecedentes que evidencian cómo las comunidades arhuacas han sido afectadas por homicidios, masacres y violaciones de derechos humanos cometidos por los actores armados ilegales y por miembros de la Fuerza Pública. Los asesinatos que han ocasionado las acciones insurgentes y contra insurgentes de líderes, desapariciones, quema de viviendas, desplazamientos y reclutamientos. Comunidad que también ha sido afectada por la presencia de las Fuerzas Armadas en sus territorios y en la vida comunitaria.
Según el diagnóstico de las autoridades del pueblo Arhuaco presentado a la Corte Constitucional y las diferentes autoridades del país, en el ámbito de los derechos humanos, los hechos de mayor gravedad y recurrencia que han golpeado a esta etnia son: el despojo del territorio tradicional por los grupos armados ilegales; la presencia de grupos armados en su territorio, y control basado en la intimidación; la restricción alimentaria, apropiación de los alimentos, productos agrícolas y ganado de los indígenas por parte de los grupos armados, que generan inseguridad alimentaria y un mayor recurso a la cacería, afectando el medio ambiente; el irrespeto a las autoridades indígenas e imposición de pautas de comportamiento o restricción de las prácticas propias por los grupos armados; los asesinatos selectivos de autoridades tradicionales arhuacas, en particular denunciaron una serie crímenes que habrían sido cometidos por las Fuerzas Armadas y que sigue en la impunidad; los asesinatos de indígenas arhuacos por señalamiento, en el marco del conflicto, por las tres partes enfrentadas; la restricción de la movilidad, intimidación de la población y riesgos generados por la presencia de actores armados en la Sierra, con porte de armas y uso del territorio para secuestros y los bombardeos por el Ejército en territorio indígena en desarrollo de operaciones contrainsurgentes, que han afectado sus asentamientos.
Con la demanda se denunciaron los abusos a los que han sido sometidos los indígenas arhuacos por parte del Ministerio de Defensa, Ejército Nacional, ante la ocupación violenta y abusiva de sus territorios ancestrales, ubicados en el cerro del ‘Alguacil’, sin que autoridad alguna haya hecho algo para detenerlo.
Por Carlos Mario Jiménez / EL PILÓN
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