De acuerdo con las riquezas naturales y ubicación geográfica estratégica, cada región de Colombia manifiesta diferentes tipos de amenazas que afectan de una u otra forma la seguridad y defensa del territorio. Estos delitos generan intranquilidad y zozobra, alterando el orden público y la convivencia ciudadana.
Analizando los tres factores de inestabilidad que se generan en las regiones como ambientes detonantes de violencia, cada uno desarrolla un proceso de transformación afectando la institucionalidad del Estado, generando inseguridad en el sistema social, económico y judicial; lo que ha requerido que los gobiernos diseñen importantes estrategias para enfrentar las amenazas persistentes, de lo contrario seguirán surgiendo los fenómenos criminales.
El primer factor de inestabilidad está relacionado con el sistema económico ilegal:tiene una modalidad de financiación proveniente del narcotráfico, extorsión, secuestro, explotación minera ilegal y contrabando entre otros. Los recursos obtenidos por estas actividades ilícitas, administrados por estructuras criminales son utilizados para financiar las acciones subversivas, que a su vez generan alteración del orden público en las regiones. En el departamento del Cesar, la suma de todos los delitos que conforman este factor, presentan un incremento promedio de más 52 % con relación a la vigencia anterior.
El segundo factor se manifiesta a través de la violencia armada: guarda relación con todos los protagonistas que participan en el conflicto irregular en Colombia, integrado por grupos armados y delincuenciales, se incluyen los atentados terroristas, tráfico de armas, y los delitos transnacionales que revisten un contexto internacional.
El último factor de inestabilidad apunta directamente hacia las malas acciones sociales:exterioriza un alto impacto en la población civil, representado por delitos cometidos en manifestaciones violentas y disturbios, interferencia a la restitución de tierras, afectación a líderes sociales, y otras causas que se relacionan con indicadores críticos de pobreza multidimensional, tráfico de migrantes y debilidades en el Sistema de Justicia.
Es preciso señalar la responsabilidad que tienen los gobiernos locales para atender las dificultades que se vienen presentando en los municipios afectados por la violencia. Pongo de ejemplo la persecución a líderes sociales, donde las autoridades omiten la aplicación de políticas públicas relacionadas con prevención e identificación del origen de las amenazas recurrentes, lo que conduce a no atender el problema a fondo, sino a resolver la crisis con la implementación de medidas de protección, lo que representa un alto costo para el Estado.
La falta de inversiones público privadas seguirá conllevando a la escasez de oportunidades en las regiones. Es por eso que hoy en día el liderazgo de los gobernantes debe estar impregnado de sentido social con el principal objetivo de hacer presencia institucional en cada municipio, corregimiento y vereda, fortaleciendo la participación ciudadana con proyectos productivos que conduzcan al fomento del desarrollo socieconómico, la paz, y el orden.