El Juzgado Primero Penal del Circuito de Valledupar con funciones de conocimiento dio a conocer una condena de 11 años, 6 meses y 6 días de prisión en centro carcelario contra Álvaro Alberto Imbrech Ospino, exsecretario de Planeación de Pueblo Bello, Cesar, por el delito de contrato sin el lleno de los requisitos legales.
El funcionario es acusado por la Fiscalía 5 Seccional de Administración Pública de Valledupar por un contrato de 814 millones de pesos el cual fue suscrito en el mes de febrero de 2011.
Dicho contrato fue celebrado entre la Alcaldía y una entidad privada denominada Fundación Para el Mejoramiento Hídrico y zonas degradas por la Explotación del Carbón (FUMHICAR), representada por Belén Imbrech Balaguera, y tenía como propósito trabajar de manera conjunta para reducir impactos negativos medioambientales en el área rural.
Según el argumento del ente acusador el proyecto, que tenía un plazo de ejecución de 4 meses, fue adjudicado de manera directa para beneficiar a allegados del exfuncionario.
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Además de la condena, Imbrech Ospino deberá pagar una multa equivalente a 183,3 salarios mínimos vigentes y cumplirá una inhabilidad de más de 12 años para ejercer cargos públicos.
Frente a la medida, el exsecretario se pronunció a través de un video en sus redes sociales exteriorizando su preocupación por la determinación. “Estamos recibiendo una noticia que nos preocupa mucho y es que un juez de la República ha tomado la determinación después de un proceso largo, de condenarme a 11 años de prisión más una cantidad de sanción económica”, dijo.
Además, señaló que “sobre ese particular es respetuoso”, pero, “lógicamente acudirá a una instancia superior en procura de demostrar su inocencia en el proceso”.
Detalles del contrato objeto de investigación
Imbrech Ospino detalló que esta obra se desarrolló para la Administración del alcalde Wilfredo Pianeta Guevara, cuando se determinó ejecutar un proyecto encaminado a construir unidades sanitarias con el objeto de disminuir “el impacto negativo de las fuentes hídricas”.
Según el hoy condenado, el desarrollo de esas obras fue objeto de cuestionamiento para un concejal del municipio quien denunció el hecho. “Fueron alrededor de 84 unidades sanitarias, sino estoy equivocado, no recuerdo ahora, por un contrato de $814 millones creo que fueron. Pues bien, pero, hay que decir que en el ejercicio del concejal Aroldo Martínez tomó la determinación de denunciar el contrato al considerar que las obras no se habían ejecutado”, detalló en el clip.
Añadió que la Fiscalía en su investigación verificó que dichas unidades sanitarias sí estaban construidas, sin embargo, encontró una irregularidad en la modalidad del contrato.
“A esa misma Fiscalía pues le llamó la atención la modalidad de selección del contrato. Consideró que el convenio no era el que se ajustaba”, agregó.
De acuerdo con lo establecido, dicha modalidad debió estar enmarcada en una contratación pública en el marco de la Ley 80.
Cabe señalar, que esta medida fue apelada por lo que ahora la defensa tendrá 5 días hábiles para presentar el recurso ante el Tribunal Superior de Valledupar.