Neidi* tiene 13 años. A su edad debería cursar 8°, pero está en 5°. Estudia en uno de los barrios periféricos de la capital del Cesar, en donde poco tiempo permanece, trabaja, sus padres la obligan.
Desconoce las leyes que la protegen como menor de edad, poco es lo que en casa le han enseñado sobre eso.
Su madre, soltera, de escasos recursos, vive en una invasión, en una casa de tablas, bolsas y zinc. Su padre, consumidor de sustancias psicoactivas, alcohólico y desempleado. Se alejó de ellas hace mucho tiempo. Ese desprendimiento del hogar, más la falta de dinero y la poca responsabilidad de la mujer, conllevó a la madre de Neidi* a buscar una entrada aparentemente fácil, vendiendo el cuerpo de su hija con hombres mayores.
La adolescente, por temor a su madre y también para ayudar al hogar, accedió a las pretensiones de los sujetos, y el miedo que la embarga, sumado al desconocimiento de la protección al menor, la convierte en una adolescente más del Cesar sin ‘voz’. Su silencio es el principal tesoro de los que la explotan.
Muchas historias similares a la de Neidi* rondan por las calles de la ciudad del Cacique Upar, de los municipios de El Paso, La Jagua, Chiriguaná y muchas otras poblaciones pertenecientes al corredor minero del departamento. Sitios donde la riqueza natural es evidente y los trabajos relacionados con las explotaciones de carbón se han convertido en la labor más apetecida de la región.
Tal vez por ello, muchas jóvenes, entre 12 y 17 años, se han visto envueltas en el mundo de la prostitución. La mayoría por obligación.
Actualmente el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, trabaja para combatir esta situación en el departamento, pero parecen verse obstaculizados por el ‘monstruo’ del temor a las denuncias. Situación que convierte en fallidos algunos casos expuestos ante los miembros de la entidad protectora de los derechos de los menores.
La vulneración
En la explotación sexual a menores, según la psicóloga Adilma Amaya, es evidente la vulneración de derechos de los niños, niñas y adolescentes.
“Primero que todo existe vulneración a la participación, a que ellas no tomen decisiones en el hogar, donde son cohibidas. Segundo, se vulnera el derecho al amor. Los menores tienen muchas carencias afectivas. Tercero, el derecho a la educación, porque la mayoría tienen un nivel de educación muy bajo, algunas que tienen 16 están en segundo de primaria. Cuarta, la principal, todos los menores son de escasos recursos”, precisó la profesional en ciencias humanas.
Las ‘tocallantas’
Denuncias verbales han puesto en evidencia situaciones de vulneración de los derechos de menores en diversos corregimientos y municipios en Cesar. Ante el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar se ha llegado a saber que en los municipios de Bosconia, de La Loma y demás, se está expandiendo un fenómeno denominado ‘tocallantas’, que se refiere a menores que se acercan a los muleros, a órdenes de sus padres, para que los conductores accedan a ellas, les paguen y les sea llevado el dinero a sus progenitores.
Ante este tipo de situaciones se han hecho diversos operativos, pero desafortunadamente las menores no han sido encontradas en dichas actividades, al parecer, son alertadas a tiempo.
Se habla de redes ocultas en dichas problemáticas, tal vez, similares a la del microtráfico, trata de personas o demás que sólo tienen como objetivo un fin: dinero fácil y abundante.
Un hombre que estuvo cercano a esta problemática en La Loma afirmó a EL PILÓN “una niña se puede ganar en el corredor minero alrededor de 200 mil pesos”.
Las atenciones
Aunque este año, según funcionarios del ICBF, no se ha judicializado a un padre de familia por comercializar a sus hijos, las explotaciones parecen ser silenciosas, en algunos casos, evidentes, pero sin denuncias.
En Cesar existe un comité que se encarga del delito de explotación sexual en menores, integrado por la Secretaría de Salud y Educación, Defensoría del Pueblo, Procuraduría, Medicina Legal, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Fiscalía.
Según el secretario de Salud Municipal, Holmer Jiménez Ditta, el Comité Interconsultivo se reúne periódicamente, se verifican los casos, se analizan las estadísticas y se plantean métodos de identificación de nuevos hechos, con el fin de combatir esa triste realidad.
Así mismo, el ICBF cuenta con un Centro de Atención e Investigación Integral a las Víctimas de Delitos Sexuales (CAIVAS), donde, según la Fiscalía General de la Nación, se proporciona un servicio oportuno y eficiente a las víctimas y personas involucradas en los delitos contra la libertad, integridad y formación sexual, trata de personas y violencia intrafamiliar, en un marco de respeto por la dignidad humana.
El CAIVAS enfoca su actividad hacia el trato digno a las mujeres, hombres, niños, niñas y adolescentes que han sido víctimas dentro de las actuaciones procesales, con el fin de evitar su doble victimización.
Así mismo, el ICBF cuenta con un equipo de defensoría, conformado por un defensor de familia, psicóloga forense y trabajadora social, quienes se hacen los responsables del procero administrativo de restablecimiento de derecho, a través de una intervención especializada, que también va enfocada al fortalecimiento de las familias.
Pese a que existen todas estas entidades que ayudan a proteger los derechos de los menores, pocas son las denuncias que se han registrado, tal vez, por falta de pruebas, testigos y castigos hacia quienes obligan a los menores a este tipo de actividad. Personas a las que los niños y niñas guardan rencor y temor, por lo que se abstienen a pronunciar una palabra que ponga en evidencia el accionar de sus progenitores.
“Para que una persona pueda ser judicializada existen muchos factores, muchos componentes que son determinantes para las autoridades y que a veces son escuetos. Ahora, si la niña rinde un testimonio, claro, preciso, contundente o tiene claridad de la vulneración y expresa el hecho se puede judicializar al responsable” dijo un funcionario, quien prefirió reservar su identidad.
En Valledupar, también existe una fundación especial para atender a menores que han sufrido violencia, maltrato o vulneración, se denomina Fundación Casa Taller de la Adolescente Embarazada, allí las encargadas buscan afianzarlas en el derecho de la participación, aparte de la ayuda que les brindan a las gestantes durante su periodo de embarazo y unos meses más.
Holmer Jiménez Ditta, secretario de Salud Municipal, afirmó que la estrategia APS (Atención Primaria en Salud) ha servido de mucho en la activación de la ruta sobre denuncias por este tipo de violencia infantil.
“Este un tema que todavía la gente tiene como tabú, y prefieren quedarse calladas, pero ahora se les está indicando cómo actuar, y ha dado resultado” especificó el jefe de cartera de salud local, ante los casos que han venido detectando un grupo de psicólogas que llegan a las instituciones educativas de la ciudad para prevenir a los menores de este y otro tipo de delitos.
Uno de los casos de explotación sexual comercial en menores que se conoció en Valledupar fue el de una madre que utilizaba a sus dos hijas, de 12 y 14 años, para venderlas a un trabajador minero.
Para conocer un poco más sobre esta situación, que pone en aprietos el bienestar de algunos menores en este departamento, EL PILÓN se comunicó con el director del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, regional Cesar, Alberto Esmeral Ariza, quien mencionó que está impedido para dar declaraciones a la prensa por órdenes de la entidad a nivel nacional.
Normatividad
Varias son las normas que protegen los derechos de los menores en Colombia, entre ellas se encuentra la Ley 1098 de 2006 o el Código de la Infancia y Adolescencia, el cual tiene como finalidad, según el artículo 1°, garantizar a los niños, niñas y adolescentes su pleno y armonioso desarrollo para que crezcan en el seno de la familia y de la comunidad en un ambiente de felicidad, amor y comprensión.
La Ley 1146 de 2007 se refiere a normas que se expiden para la prevención de violencia sexual y atención integral de los menores. Así también lo define la Ley 1336 de 2009 se refiere a la lucha contra la explotación, la pornografía y el turismo sexual con los niños, niñas y adolescentes.
Así pues, existen otras leyes que aportan a la protección de los menores de edad, como sucede con la Resolución 6022 del 30 de diciembre de 2010 del ICBF, la Resolución 6024 de 2010, la Ley 599 de 2000, la Ley 1236 de 2008, la Resolución 459 del Ministerio de Salud, la Ley 1438 de 2012 y los acuerdos 029, 030 y 031.
Puntos de vista
Marbel Jiménez, auxiliar de enfermería
“Está muy mal hecho que los padres expongas a sus hijos menores de edad a trabajar, porque eso está prohibido, ya que los niños estén estudiando, para que sea educado más no explotado”
Auris Monsor, estudiante de Comercio
“Esos padres que explotan a los niños no los quieren, porque sólo buscan un beneficio económico propio, porque venden a los menores a otras personas como si fueran objeto”
Según una funcionaria del ICBF, en Cesar no existen muchos casos de explotación sexual denunciados, pero han sido evidentes, sobre todo en el corredor minero, que se ha convertido en un gran factor de riesgo para los menores.