Miguel Durán Gelvis tuvo una carrera política traumática a la que asegura no quiere volver, porque solo le ha dejado problemas. Como concejal de su pueblo natal, Curumaní, en el sur del departamento del Cesar, no tuvo mayores inconvenientes. Pero siendo diputado, para el periodo 1992- 1994, empezó a sentir el poder de la violencia en la política, cuando el 30 de noviembre de 1993 la guerrilla del Eln mató al jefe político del Movimiento de Reintegración Regional, MIR, Cristián Moreno Pallares, primer alcalde elegido por voto popular en ese municipio.
Aunque su primera temporada en la Cámara de Representantes fue corta como segundo reglón de Álvaro Araújo Castro en 1994, en 1998 logró, como militante del MIR, convertirse en congresista, pero solo por nueve meses. La sección quinta del Consejo de Estado, en mayo de 1999, le quitó la credencial, otorgándosela al candidato del partido Conservador, Alfredo Cuello Dávila, para el período 1998 – 2002. La decisión surgió por una demanda relacionada con presuntas irregularidades en dos mesas de votación del corregimiento Mandinguilla, jurisdicción de Chimichagua, centro del Cesar, las cuales fueron anuladas y se procedió a un nuevo conteo de votos que favoreció a Cuello Dávila, ganando la curul por una diferencia de 55 votos sobre Durán Gelvis.
Para las elecciones del 2002, Durán Gelvis persistió y nuevamente consiguió una curul en el Congreso. En 2006 aspiraba al Senado pero fue inhabilitado para el ejercicio de derechos y funciones públicas por la Procuraduría por falsedad ideológica en documento público, relacionada con una certificación laboral que dio a un abogado que necesitaba el documento para obtener una visa a los Estados Unidos.
En 2008, la Fiscalía le abrió una investigación a Durán y a otros dos representantes a la Cámara por el departamento del Cesar, Jorge Ramírez Urbina y Jorge Castro Pacheco, porque presuntamente los paramilitares los ayudaron a ser elegidos en el 2002, mediante constreñimiento a los electores.
Fue así como lo llevaron a la cárcel La Picota de Bogotá, con base en testimonios paramilitares que los señalaban de tener vínculos con el grupo armado, por lo que estuvo preso siete meses y 14 días, desde el 22 de mayo de 2008. Sin embargo, la Fiscalía precluyó la investigación al considerar que había algunas inconsistencias en los testimonios.
Cuando empezaba a gozar de la libertad, en el 2011 la Corte Suprema de Justicia lo condenó a cuatro años de prisión por el mismo caso de falsedad de ideológica en documento público que inició la Procuraduría; para fortuna del político cesarense le concedieron el beneficio de la detención domiciliaría y en la actualidad sigue en la batalla jurídica para demostrar que lo condenaron injustificadamente.
El 27 de junio de 2014 la Fiscalía volvió a ordenar su captura junto al alcalde de Curumaní, Henry Chacón Amaya, al ser vinculados a una investigación como autores intelectuales del homicidio de la exconcejala de la misma población, Ana Cristina López de Moreno, quien fue baleada el 26 de noviembre de 2003, por paramilitares del frente Resistencia Motilona del Bloque Norte de las Auc.
Esa era una captura que se veía venir pero que nunca se concretó. El alcalde y el excongresista ya habían denunciado ante la misma Fiscalía que las acusaciones en su contra se trataban de un montaje perpetrado por un cartel de falsos testigos, liderado por desmovilizados de las Auc, cobijados con la ley 975 de 2005, más conocida como la Ley de Justicia y Paz.
“A la señora en ese proceso del 2002, los paramilitares se empeñaron en poner candidatos de ellos. A pesar de que le dicen que no podía tener candidato, ella inscribió un candidato y lo recibió en Curumaní con una manifestación, eso es público. En esas reuniones que hacían en la finca La Palestina a esa señora casi la matan delante de todo el mundo porque le cobraban que los hubiese increpado llevando candidato”, contó Durán Gelvis.
Aunque él y Henry Chacón no fueron capturados, ellos tampoco se entregaron argumentando falta de garantías, por lo que decidieron defenderse desde la clandestinidad y el pasado 17 de junio lograron que el Juzgado Único Penal Especializado de Valledupar anulara las órdenes de arresto.
A pesar de estar libres siguen vinculados al proceso de la exconcejala y ahora temen que nuevamente los quieran llevar a prisión por la muerte de Óscar Moreno Aparicio, esposo de Cristina López, baleado por paramilitares en Sincelejo, el 21 de octubre de 2004. Desmovilizados de las Auc en el departamento de Sucre han sido indagados sobre el origen del crimen y aunque no hay acusaciones formales, Miguel Durán si denuncia que lo podrían responsabilizar a él y a Chacón.
“Desde la cárcel me llaman dos paramilitares y me dicen que van a decir que yo era el responsable, que mandara el abogado para cuadrar la versión. Exactamente el mismo procedimiento que utilizaron la vez pasada (con el caso de la concejala). Declaran en Justicia y Paz, mandan razón con una persona que mande una plata porque de lo contrario no me van a involucrar en el tema”, advirtió el excongresista hoy con 49 años de edad.
Ante la incertidumbre que le generan los nuevos señalamientos, Durán Gelvis envió una carta al Fiscal General de la Nación para que haga una revisión exhaustiva a la investigación que le adelanta la Fiscalía 26 de la Unidad Nacional contra el Terrorismo, desde el año 2012, por concierto para delinquir y homicidio agravado.
“Desde el año 2012 denuncié la extorsión de la que he venido siendo víctima de parte de un grupo de desmovilizados, quienes me exigían una gruesa suma de dinero para no involucrarme en los hechos relacionados con la muerte de la señora Cristina López de Moreno, de los cuales soy absolutamente ajeno, como debe demostrarse dentro del proceso.
Ahora se repite la historia he sido contactado por el desmovilizado Ángel Berrocal, quien se encuentra en la cárcel Modelo de Barranquilla, coincidencialmente en el mismo patio donde está el señor Wilson Poveda Carreño, alias ‘Rafa’, persona cuyo testimonio resultó involucrándome en la investigación por el asesinato de la señora López Moreno.
El desmovilizado manifiesta que en las versiones del día 7 u 8 de septiembre del presente año, me vincularán con el crimen del señor Óscar Moreno Aparicio, esposo de la señora López. Sospecho que Ángel Berrocal y Wilson Anderson Herrera, la otra persona que me ha informado que declara en mi contra (…) hace parte del complot que junto con desmovilizado como Néstor Quiñones Quiroz y Jorge Luis Hernández, entre otros, está creado en ese patio de la cárcel Modelo de Barranquilla con fines extorsivos”, dicen algunos apartes de la misiva enviado al máximo representante del ente acusador.
Mientras avanzan las investigaciones, el abogado Miguel Durán sigue asesorando empresas del sector de la salud que ha ayudado a constituir y se mantiene alejado de la política, por lo menos.