En época de crisis la ortodoxia da un paso al costado. Lo que normalmente nos sonrojaría, en medio de una guerra parece hasta lógico. Ahora estamos en una contra un virus, caminando sobre lo desconocido, mientras buscamos el equilibrio.
Con un Congreso de la República paralizado e intentando, casi un mes después de iniciar el aislamiento, si pueden sesionar de forma virtual, el Gobierno decidió que los decretos serían la mejor arma para enfrentar (¿o reaccionar?) frente a la expansión del COVID-19.
Dentro de las decenas de decisiones de urgencia, ahora el Decreto 546 permitirá la excarcelación de casi 5.000 penitenciarios en el país. Es decir: saldrán a la calle (en realidad se espera que a sus casas) personas que estaban en prisión por razones que ahora el Decreto considera aceptables para que, con el propósito de disminuir el hacinamiento en los centros carcelarios, los penitenciarios pasen la cuarentena en casa.
En Valledupar cerca de 300 reclusos saldrían en solo la Cárcel Judicial a pagar prisión domiciliaria transitoria durante el término de seis meses. Gran desafío espera a las autoridades del departamento y Valledupar.
En algunos la idea causa temor. Por eso, los encargados de velar por el orden público tienen las responsabilidades de, primero, evitar que los beneficiados reincidan en el delito, de hacerlo aplicar la ley, y, segundo, vigilar que cumplan las normas que restringen la locación de las personas.
El Gobierno reglamentó que la medida solo beneficiaría a adultos de la tercera edad, madres gestantes o con hijo menor tres años, de movilidad reducida por discapacidad, privados de libertad por delitos culposos, condenados hasta cinco años, que hayan cumplido el 40 % de la pena y los que padezcan enfermedades graves como VIH, diabetes, hepatitis, entre otras.
Antes, los reclusos deben ser concientizados que esta no es una oportunidad para reencontrarse con toda la familia o hacer fiestas, no; es una tregua de la justicia mientras se batalla en contra de una enfermedad que puso en jaque al sistema económico, de salud, a las normas ordinarias y las formas de relacionarnos. Evitemos que el remedio no agrave la herida.
Aquí no se trata de una excarcelación, como la venida de un papa, por razones humanitarias hacia los reclusos, aunque pareciera así. La motivación es clara: hay un hacinamiento en las cárceles que venía de antes del coronavirus. Y así como la salud estaba en cuidados intensivos y sin respirador antes de la aparición del letal virus, las cárceles lo estaban en demasía.
Lo que se ha presentado en Villavicencio de 15 internos con el COVID-19 es una alarma sobre toda la población carcelaria expuesta al masivo contagio, por lo que a todos los pensamos y hacemos propio su queja: para los privados de la libertad de la Cárcel Judicial de Valledupar y de la Tramacúa, del personal de seguridad penitenciario, de apoyo administrativo y de servicios – incluido el médico, psicólogo-social y de suministros- pedimos toda la protección biomédica, la higiene de los establecimientos y la provisión sin interrupción de los servicios públicos básicos.