El contrato de más de 40 mil millones de pesos que hizo el ex gobernador Cristian Moreno Panezo para mejorar las instituciones educativas en el Cesar, es la muestra más clara de la falta de planeación.
Un plazo de siete meses para que un único contratista ejecutara obras en 79 frentes de trabajo ubicados en diferentes municipios del Cesar, es solo una muestra de las fallas que se presentaron en el proyecto de infraestructura educativa que con recursos de regalías hizo el ex gobernador del Cesar, Cristian Moreno Panezo y cuyo supervisor por parte de la Gobernación fue el actual secretario de Infraestructura del gobierno de Luis Alberto Monsalvo Gnecco, Omar Maestre Vélez.
El ex mandatario que pasó a la historia por haber sido elegido por voto de opinión, derrotando a las maquinarias de ese momento, ha sido uno de los más cuestionados, sobre todo en lo relacionado con este contrato por 40 mil 225 millones de pesos cuyo objeto era la contratación y modernización de la infraestructura educativa del Cesar de 79 sedes; 27 en la zona urbana y 52 en la rural.
Estas obras comprendían entre otras la construcción de 106 aulas escolares, de estas 35 eran en el área urbana y 71 en la rural; además 35 comedores escolares, 52 baterías sanitarias, 18 cerramientos, un laboratorio, tres canchas y polideportivos y 68 obras complementarias; también el diseño y construcción de tres Centros de Integración Educativa, CIE en Aguachica, Curumaní y Codazzi y el auditorio del colegio Pedro Castro Monsalvo de Valledupar, todo esto para que en siete meses lo construyera la firma Unión Temporal Educativa del Cesar, a la cual le dieron un anticipo de 8 mil 45 millones de pesos.
De las 79 instituciones educativas a intervenir, las obras las terminaron en 53, pues el contratista no llegó a todos los colegios, algunos según la Contraloría General de la República, Gerencia Cesar, porque estaban muy lejos, no había vías de acceso o simplemente no habían negociado el terreno.
Fue así como en municipios como Pueblo Bello, en donde pactaron 22 frentes de trabajo, ejecutaron solo 11, de acuerdo a la Contraloría.
Es por ello que no se han tocado instituciones como Julio César Flórez sede Marquetalia; Laureano Martínez sede La Atravesada y, Cuesta Plata; Liceo del Norte sede principal, San Quintín y Lucas Gnecco; Dionisia Alfaro sede San Pedro, Mañacán, Ebenezer, principal, Montecristo Arriba, El Diviso y Casa de Zinc, todas estas en Pueblo Bello.
Similar situación vive Tamalameque, en donde no han colocado una piedra en la Concentración Educativa de Pueblo Nuevo, sede principal, lo mismo que en la de Puerto Bocas, sedes Mateguadua, Santa Rosa y El Leñal.
En Curumaní pasa lo mismo con la concentración educativa Santa Isabel; además de los CIE de ese como de los municipios de Codazzi, Aguachica y el auditorio del Instpecam en Valledupar.
Así las cosas, el contrato sigue 'crudo', mientras que en los municipios las necesidades son muchas, pues en el caso de San Diego, en donde debían hacer obras en el colegio Manuel Rodríguez Torices, sede Mixta número 2, no han colocado la primera piedra y la comunidad educativa requiere mayor espacio porque creció el número de estudiantes y no hay donde albergarlos.
En el Instpecam en Valledupar removieron alguna tierra, pero del auditorio nada se hizo y hoy el rector, Harvi Olivella Socarrás está de acuerdo con el gobernador Luis Alberto Monsalvo Gnecco en hacer otro tipo de obra, debido a que lo proyectado por Moreno Panezo no es algo tan necesario para ellos.
“Yo estoy de acuerdo con el Gobernador, porque el auditorio no es necesario, nosotros lo que necesitamos son canchas múltiples con cubierta, donde se puedan reunir los estudiantes, los padres de familia, promover el deporte y unos laboratorios para fortalecer la técnica del colegio, esas son cosas prioritarias, porque un auditorio es demasiado costoso y no va favorecer la calidad de la educación”, manifestó Olivella Socarrás.
En esta institución educativa, una de las más tradicionales de Valledupar, el Gobernador según dijo Olivella Socarrás, no quiere hacer el auditorio, porque es una inversión muy grande y el colegio tiene necesidades más apremiantes.
En municipios como Curumaní, según dijo el alcalde Henry Chacón en el caso del CIE lo único que hicieron fueron los estudios y diseños, un comedor y una batería sanitaria, en lo demás no han hecho nada.
La situación de los CIE tal vez es la más grave, según la Contraloría, porque solo el de Codazzi supera el valor total del contrato de las 79 instituciones, debido a que su construcción cuesta unos 51 mil millones de pesos.
Todo esto demuestra la mala planeación y el incumplimiento de los requisitos precontractuales, además que el gobierno Moreno Panezo inició obras sin el cumplimiento de las normas de construcción, entre esas que no había adquirido algunos predios para la construcción de los CIE, caso concreto el de Curumaní.
Entre las presuntas fallas que ha encontrado hasta ahora la Contraloría General de la República, Gerencia Cesar, está que de los 3 mil 17 millones de pesos destinados para la interventoría, el anterior gobierno sacó 425 para hacer rediseños del contrato.
La Contraloría tampoco ha encontrado explicación a por qué en esa administración destinaron solo para interventoría un 14% del valor total del contrato, cuando inicialmente estaba pactado a 7,5% y en casos como este solo pueden gastar el 10%.
Fallas tras fallas
Desde su nacimiento este contrato ha sido cuestionado, en 2011, el Comité de Seguimiento a la Inversión de las Regalías del Carbón, CSIR, alertó sobre el riesgo en que se encontraban los recursos, para esa fecha había demora en el inicio de las obras.
El Departamento Nacional de Planeación, DNP también le hizo auditoría visible, en la que encontró un solo proponente a quien le adjudicaron la obra.
En esa época, la Sociedad de Ingenieros del Cesar, también denunció el tema, debido a que consideró que no fue equitativo porque exigió experiencia específica de 60 mil metros cuadrados diseñados.
El año pasado, la Contraloría General de la República Gerencia Cesar, volvió a pronunciarse y esa vez para hacer un control de advertencia a la Gobernación por lo que dejó el ex mandatario.
Contrato difícil
María Clara Quintero, Secretaria del CSIR, explicó que este es un contrato difícil, porque tiene demasiados frentes de trabajo, “es una cosa casi que inviable, por eso el contrato está tan enredado y es como la reina en la falta de planeación, porque son 79 frentes de trabajo a un mismo contratista”.
El Pilón quiso conocer la opinión del secretario de Infraestructura, Omar Maestre Vélez para saber cómo avanza el proyecto, pero a pesar de los mensajes enviados con personal de la Oficina de Prensa de la Gobernación y las llamadas reiterativas a su celular, este nunca respondió.
De igual forma, se llamó en varias oportunidades al ex gobernador Cristian Moreno Panezo para conocer su opinión frente al contrato, pero su celular siempre estaba apagado.
Últimos hallazgos
En la última auditoría visible realizada en enero de este año, el DNP encontró:
- Atrasos en los 79 frentes, incluyendo los CIE.
- Ejecución física del 50% y financiera del 55%
- De los 79 frentes, solo habían terminado 53
- Según el DNP el plazo de entrega era en diciembre de 2011, pero hubo una ampliación para el 30 de septiembre de 2012 y otra para el 30 de abril de este año.
- El DNP también hizo observaciones porque en la ejecución de 26 frentes para el mes de enero no se habían terminado, porque no se había definido su ejecución.
Se defiende
Mientras el DNP y la Contraloría han detectado fallas, sobre todo de tiempo, Jorge Acosta, gerente del proyecto Infraestructura Educativa asegura que han cumplido en un 100% con el contrato, debido a que los frentes que faltan por terminar, se suspendieron a petición de la Gobernación del Cesar, para esto mostró una copia cuya firma es del 23 de mayo de 2012.
Después de esta suspensión, en noviembre 30 del año anterior, el Departamento volvió a suspender las obras, debido a que no le prorrogó a la interventoría y sin esta el contratista no podía seguir trabajando. Es así como ya terminaron los 53 frentes que no estaban suspendidos por la Gobernación.
El contratista explicó también que el contrato fue firmado en mayo de 2011 hasta el 31 de diciembre de ese mismo año; pero fue hasta agosto, cuando hubo interventoría que se firmó el acta de inicio, por eso es que hay quienes dicen que el contrato tenía ejecución de cinco meses y no de ocho (mayo a diciembre).
Acosta explicó también que está en la capacidad de terminar todas las obras y a los sitios que no llegaron fue por la suspensión de la Gobernación.
El contratista está a la espera de la decisión de la Gobernación para terminar las obras que hoy están suspendidas.