La tesis del Banco de la República de que una buena política económica es estratificar el salario por regiones acorde con los niveles de productividad, es macabra y altamente regresiva y no se corresponde con el criterio de la redistribución de la riqueza; parece una idea sacada del Nuevo Testamento en el sentido de que “aquel al que no tiene nada le será quitado lo poco que aún le queda” (Mateo 25:29; Marcos 4:25; Lucas 8:18). Esta idea no es coherente con la “distribución de la mermelada en toda la tajada”, aplicada para quitarles regalías a los municipios que padecen la minería. Esta es una tesis novedosa de la cual nunca se había hablado; hasta hora lo peor que pasaba era que el gobierno cada año, en forma unilateral, imponía el SMM; este, en términos de capacidad adquisitiva, es un mínimo minimórum que establece unas líneas ficticias entre pobres y no pobres. De concretarse esta iniciativa, el país se fraccionaría, ya no entre costeños y cachacos, sino entre nórdicos y saharianos, sería el caldo de cultivo que inocularía el síndrome de Cataluña. Están jugando con candela los cráneos de nuestras finanzas. De por sí, el SMM es una falta de respeto para con los trabajadores colombianos. El SMM 2017, por ejemplo. es el equivalente a un ingreso diario de dos dólares/persona para una familia promedio de 3.7 personas.
Esta cifra establece la línea de la pobreza, por encima de la cual no hay pobres, pero con seis mil pesos diarios nadie podrá vivir. Decir que solo percibirían el 30% de estos ingresos, es un adiós a la paz y más de media Colombia se pauperizará; ahí está incluido El Cesar.
¿Quién tiene la culpa de la baja productividad? No son los empleados, por supuesto, son los dueños de los medios de producción quienes deben adoptar las tecnologías y mecanismos necesarios en su aparato productivo; es el Estado que ha cerrado las incipientes industrias nacionales con la globalización indiscriminada. El pronóstico es reservado; apenas estamos tratando de salir de un conflicto y ya nos quieren cocinar otro peor. Para muchos, el camino de la violencia será mucho más expedito que morir de hambre con un salario de escritorio, la gente está resteada. Por ahí sí que nos puede llegar la venezolanización a la que tanto muchos le temen; el peor de los castrochavismos. La política salarial nuestra ha adolecido de un propósito redistributivo; en los últimos doce años, entre 2006 y 2017, el incremento promedio anual en términos de poder adquisitivo frente al dólar, fue de 3.4% teniendo en cuenta que las tasas medias de cambio entre 2006 y 2017 fueron $2.359 y $2.947, respectivamente, (esperada la última), mientras que la inflación creció un 4.46% promedio anual; de esta manera, cuando nos dicen que el incremento salarial ha estado por encima de la inflación, no nos están haciendo bien las cuentas.
Pero, qué avalancha de propuestas; por ahí algunos aspirantes a la presidencia de la República ya están proponiendo rebajarle el impuesto a los dueños del dinero, amén de que ya en la más reciente reforma tributaria les bajaron del 40 al 33%; entonces, ¿de dónde sacarán dinero para equilibrar las finanzas públicas? ¿Qué pasará con la llamada “regla fiscal”? ¿Otro apretón a los pobres? Existen estimativos de que en 2020 habrá un déficit fiscal del 4% del PIB, algo así como cuarenta billones de pesos; la ecuación ingresos-gastos se romperá y los compromisos con los acuerdos de paz no podrán cumplirse. Preocupante la situación, los pirómanos andan sueltos, el país se puede incendiar. Es de recordar, “…no se puede engañar a todo el mundo todo el tiempo”.
Por Luis Napoleón de Armas P.