En el Juzgado Segundo Penal Municipal Ambulante con Funciones de Control de Garantías de Valledupar avanzó la audiencia de medida de aseguramiento contra Oswald Morales López, registrador municipal de La Paz, Cesar; Liliana Judit Amauris Rojas, su secretaria; Jorge Aníbal Duluc Gaslino, Patricia López Gutiérrez, Rodrigo Alberto Duque Beltrán, Álvaro José García Pacheco, Fakerson Gutiérrez Pérez, Leonel Augusto Restrepo, Franklin de Jesús Suárez Amaya y Jorge Iván Ramírez Mosquera.
Los procesados son señalados por la Fiscalía 66 Especializada Contra las Violaciones de los Derechos Humanos de Bogotá de pertenecer a un grupo delincuencial organizado denominado ‘Granada’, encargado de presuntamente expedir cédulas de ciudadanía falsas a extranjeros.
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En medio de la diligencia que inició desde las 11:30 de la mañana de este jueves 26 de septiembre y se extendió por más de 6 horas, los abogados defensores presentaron sus elementos y pidieron al juzgado no imponer la medida de aseguramiento en centro carcelario para sus representados.
¿Qué dijo la defensa?
Alexander Tapias, abogado de Morales López, refutó el argumento del ente acusador, que explicó cómo en menos de 16 minutos la Registraduría operaba.
“Traigo a colación uno de los eventos expuestos por el señor fiscal para indicar que no es irregular el hecho que en un mismo día una persona sea registrada y se le realice el trámite para la obtención de ciudadanía. Para este caso el trámite que realizó el registrador de La Paz fue solicitar la elaboración del documento físico ante la Registraduría Nacional del Estado Civil en la ciudad de Bogotá, no obstante, se entrega la contraseña al usuario ya que no cuentan con el documento físico por ello, no se le puede reprochar que en 15 minutos haya registrado y solicitado la cédula de ciudadanía”, dijo el jurista.
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Al tiempo, pidió para su prohijado detención en su lugar de residencia ubicada en el barrio Canadá del municipio en mención, con el argumento de que “estará distante de la entidad y no tendría ninguna intervención debido a que ya está designada otra persona para que se continúe prestando el servicio en La Paz”.
Por su parte, Juan Pablo Molina, abogado de Álvaro José García Pacheco, otro de los involucrados, manifestó que el imputado a la fecha se encuentra privado de la libertad señalado de los mismos eventos, razón por la que “nadie podrá ser juzgado ni sancionado del delito por el cual ya haya sido condenado, absuelto o investigado”.
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Pacheco, quien fue capturado para el mes de julio del año en curso, actualmente está en la Estación de Policía Permanente Central de Valledupar, por el delito de tráfico de migrantes, falsedad ideológica en documentos públicos y concierto para delinquir, tras un proceso que se adelanta en Barranquilla.
Entre la sustentación, Duvalier Ortíz, representante de Rodrigo Alberto Duque Beltrán, funcionario de la Registraduría de Valledupar, indicó que su defendido padece de problemas de salud solicitando de la misma forma, que el proceso lo enfrente en su domicilio.
“Tienen que colocarle insulina todos los días imagínense el suplicio que hemos tenido y pues gracias que los policías le han colaborado. Adicionalmente, mi representado su señoría tiene que hacer unas terapias del corazón y si se para el corazón es como un reloj, no vuelve a funcionar más nada”, aseguró.
Simultáneamente, detalló que el funcionario no tiene anotaciones judiciales por lo que no constituye riesgo de una continuidad de los hechos delictivos que se le atribuyen.
Cabe subrayar, que la diligencia fue suspendida por el despacho judicial debido a la realización de otra audiencia programada con anterioridad.
Ahora, la jueza Gabriela Beltrán programó la diligencia para este viernes 27 de septiembre en horas de la mañana, en la cual dará a conocer su decisión tras valorar los elementos probatorios presentados por la bancada defensiva.