A cuatro meses de estar como directora de la seccional de Fiscalías Cesar, la abogada Araly González González, dialogó con el diario EL PILÓN para presentar una radiografía sobre lo realizado en el departamento del Cesar frente a los hechos de violencia y criminalidad.
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González, especialista en Derecho Penal y Criminología, lleva alrededor de 22 años en la entidad donde ha fungido también como directora de Fiscalías seccional de los departamentos de Casanare y Meta.
¿En el poco tiempo que lleva en el cargo en qué se ha avanzado?
Hemos avanzado en todas las conductas priorizadas, atendiendo el direccionamiento estratégico del fiscal general de la nación, en los delitos sexuales, violencia intrafamiliar, homicidios dolosos, el hurto, y todas estas conductas como la estafa, la extorsión, y los delitos contra niños, niñas y adolescentes.
Del hurto hay una disminución del 34 %, en la afectación de organizaciones y bandas delincuenciales comunes como la llamada ‘Tropa de Cristian’, la de ‘Los Menores’ de Villa del Rosario, donde fueron capturadas 10 personas afectadas con una medida, ‘Los Power’, dedicados al robo de moto, y los ‘Detoditos’ que venían afectando la seguridad.
¿Y en estadísticas cómo vamos en homicidio y hurto?
Al corte de ingreso a esta dirección seccional (mes de febrero de 2023) en el homicidio teníamos la posición 29 entre 35 seccionales (de Fiscalías) en el país, y hoy -a corte de la semana 25 del mes de junio- ocupamos el puesto 16, es decir, que llevamos un avance de esclarecimiento del casi 44 %.
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En el hurto violento estábamos en el puesto 32 a nivel nacional de 35 seccionales y teníamos solo un avance de esclarecimiento del 5.48 % y ahora a corte de la semana pasada tenemos la posición 11.
La margen derecha siempre ha sido un sector álgido, pero hace años que no se había conocido de personas descuartizadas. ¿Qué está pasando?
Ese fenómeno delictual lo estamos abarcando y analizando con un investigador de la sección de análisis criminal. Ese sector tiene una dinámica de actividad delincuencial, es un corredor, y hoy vemos desafortunadamente partes humanas.
Hay un grupo interdisciplinario para establecer con un antropólogo con el apoyo de Medicina Legal, no solo del Cesar sino de Bucaramanga, para saber si pertenece a un solo cuerpo o si son varios. Tenemos que esperar los resultados.
Pero de esa misma manera murió un joven descuartizado en Aguas Blancas. ¿Se trataría de un mismo grupo?
Eso es lo que estamos tratando de establecer si es una sola organización o una forma de ajusticiamiento al interior de algún grupo delincuencial y a qué obedece esta manera cómo se está dando.
En el Cesar algunos homicidios se los han atribuido las AGC. ¿Cuál es la radiografía de este grupo en el departamento?
Esa radiografía la brindan los organismos de seguridad como el Ejército, sobre la presencia o incidencia de estos grupos dentro de nuestro territorio (…)
El departamento del Cesar no es ajeno a esa injerencia. Hemos encontrado una particularidad en esos panfletos donde hay unas características que, de acuerdo con el análisis que hace un fiscal destacado de la unidad de homicidios, nos ha permitido avanzar en el esclarecimiento de esos homicidios por línea de mando. O sea, si hay un panfleto o siglas del cual tiene una titular por ahí se debe avanzar.
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¿Pero qué buscan, disputa de droga o peso político?
Lo que hemos analizado dentro del análisis criminal de las víctimas, porque se hacen dos interpretaciones, tanto a la víctima como al victimario, hemos encontrado características muy comunes de que la víctima es consumidor de estupefaciente o distribuidor. Entonces, estamos fortaleciendo la hipótesis de que es territorialidad de microtráfico.
Hay dos municipios con especial atención: Codazzi por la alerta temprana de la Defensoría y El Copey por un llamado de la JEP. ¿Qué trabajo se hace a partir de esos llamados?
Nosotros como Fiscalía General de la Nación dentro de nuestra misionalidad está atender y llevar a feliz término las denuncias que revistan el carácter de un delito y que así se constituya. Estamos atentos a todos los casos de denuncias que se puedan dar de reclutamiento y la violencia que se pueda generar en Codazzi y El Copey. De las denuncias que se tiene conocimiento son abordadas y direccionadas a través de un fiscal, de un grupo interdisciplinario de policía judicial para que se trasladen y atiendan, para que busquen las víctimas porque a veces estas no denuncian.
¿Cómo ha hecho para llegar a esos territorios apartados donde hay violencia?
La institucionalidad llega a todos los rincones del país, puede que no esté la sede física, pero nuestros funcionarios se desplazan por todo el territorio nacional, abarcando desde la cabecera municipal y garantizando el acceso a la justicia.
Estamos pendientes de inaugurar un PAF, Puesto de Atención de Fiscalía, en Nabusimake, donde nos hemos tenido que desplazar y no hay internet ni luz, pero fíjese la parte bonita que es articular dos jurisdicciones: la indígena y ordinaria.