La Ley 128 de 1994 establece que “las áreas metropolitanas son entidades administrativas formadas por un conjunto de dos o más municipios integrados alrededor de un municipio núcleo o metrópoli, vinculados entre sí por estrechas relaciones de orden físico, económico y social, que para la programación y coordinación de su desarrollo y para la racional prestación de sus servicios públicos requiere una administración coordinada”.
Al respecto el Área Metropolitana del Valle del Cacique Upar fue creada hace 10 años según escritura 2709 del 17 de diciembre del año 2002, cuando gobernaba el municipio el alcalde Elías Ochoa Daza. Su naturaleza tiene como propósito estrechar las relaciones de orden físico, económico y social de los municipios que la conforman, buscando un desarrollo programado y coordinado y una eficaz prestación de los servicios públicos de la región. Su jurisdicción está integrada por Valledupar, que es el municipio núcleo, La Paz, San Diego, Manaure y Agustín Codazzi, con una población metropolitana que supera los 500 mil habitantes.
Cerca de una década la iniciativa durmió el sueño de los ‘justos’, sin doliente alguno, salvo la perseverante lucha del abogado Francisco Valle Cuello, quien fue su gestor y veedor con vocación social, que los alcaldes del decenio ignoraron, sin prever la importancia de esa estrategia social, política y económica que desde entonces hubiese podido contribuir al fortalecimiento de la hacienda pública, la planificación y visión institucional para afrontar los retos del nuevo milenio, en armonía con los fines sociales que establece la Constitución Política de Colombia.
Recientemente surgió en la conciencia del actual Alcalde, la idea de dinamizar el quehacer del Área Metropolitana. Fue escogido el gerente para su planificación y organización en armonía con la Ley que la creó. Sin embargo, en las últimas semanas acaeció un hecho sin precedente que pone en duda la estabilidad del municipio y dicha Área Metropolitana, habida cuenta de que la Dirección de Apoyo Fiscal con la Contaduría General de la Nación determinaron que el municipio de Valledupar, por su desempeño fiscal en 2011 fue degradado a tercera categoría de la clasificación de los entes territoriales de acuerdo con la Ley 617 del 2000, lo que implica reducir ostensiblemente su capacidad funcional.
Según el Artículo 344 de la Constitución Nacional, la Oficina de Planeación con la Secretaría de Hacienda Municipal deben evaluar la gestión y resultados, y preparar los presupuestos de las respectivas vigencias fiscales. El actual gobierno municipal con el Gerente del Área Metropolitana adelantan ante el alto Gobierno acciones para recategorizar al municipio, basados en la figura metropolitana. Llama la atención que dichos funcionarios no previeron en la preparación del presupuesto 2011 que presentaron ante el Concejo Municipal, los gastos de funcionamiento e inversión para el Área Metropolitana, lo que constituye una omisión que de manera reactiva los llevó a descubrir la precaria visión municipal en estos menesteres, que irónicamente se convierte en ‘tabla de salvación’ para que el municipio mantenga su estatus de primera categoría y pueda funcionar debidamente el proceso metropolitano, además de que no desaparecerían la Contraloría y Personería Municipal. ¿Seguirá la improvisación? ¿Los demás alcaldes del Área Metropolitana están metidos en el cuento?