El país tiene una nueva legislación en materia de salud, se trata de la Ley 1438 de 2011, que busca fortalecer el Sistema General de Seguridad Social en Salud, que fue sancionada el miércoles de la semana pasada por el Presidente de la República, Juan Manuel Santos Calderón. A pesar de su importancia y trascendencia hay que advertir que la misma recibió poca difusión, quizás debido a la gran cantidad de noticias que se producen en un país como Colombia.
No obstante la escasa divulgación, hay que advertir que se trata de una norma que tendrá muchas implicaciones en materia de política social, tratándose del sector salud, y por ende relacionado con la vida cotidiana de todos los colombianos.
Luego la primera tarea que tiene el gobierno, y en particular la Presidencia de la República y el Ministerio de la Protección Social es iniciar una amplia tarea de difusión, divulgación y pedagogía, o socialización como se dice ahora, de esta importante norma.
Lo segundo que hay que advertir sobre la Ley 1438 de 2011 es que nace con el mal precedente que la Academia Nacional de Medicina y la Sociedad Colombiana de Médicos Especialistas, han considerado que no resuelve los problemas más importantes del sector y – en consecuencia- se negaron a asistir al acto de la firma y sanción de la misma. También han expresado algunas objeciones, como es apenas natural, las Empresas Promotoras de Salud (EPS), y las agremiaciones que representan a las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS).
Más allá de estas observaciones, que tampoco han recibido la debida divulgación, en el país existen mucha esperanza, como también incertidumbre, sobre la nueva legislación y la pregunta que está y permanecerá en el ambiente, es si la nueva ley resuelve los problemas de fondo de un sector tan complejo y delicado, como es el de la salud, donde se juega, a diario, y en cada procedimiento, la vida y el bienestar de miles de personas.
Nuevamente debemos insistir en que en Colombia se logró un gran avance en materia de salud con la expedición de la Ley 100 de 1993, que creó un sistema de aseguramiento basado, fundamentalmente, en una inversión y gestión privada y en el sistema de aportes del sector productivo del país, un régimen subsidiado, para los más pobres y los desempleados, y un régimen vinculado para otro tipo de personas.
Pero, a la Ley 100 de 1993, se le han hecho muchos ajustes, con el fin de buscarle salidas a tantos problemas del sistema, en materia de cobertura, calidad y oportunidad en el servicio, financiación y atención al cliente, entre otros aspectos. Durante el gobierno de Álvaro Uribe se expidió la Ley 1122, que también le hizo varias modificaciones al sistema, pero los problemas persisten.
La nueva ley, la 1438 de 2011, contiene avances, sin lugar a dudas, como la posibilidad de que la persona sea atendida en cualquier lugar del país, con la sola presentación de su cédula, busca impedir las barreras de acceso a la prestación de los servicios, elimina multas que antes existían contra los usuarios y va encaminada, en su reglamentación, a homologar los Planes Obligarios de Salud (POS), de los regímenes contributivo y subsidiado.
Hay que advertir que una Ley es sólo un instrumento, y que por medio de la misma no se puede blindar al sistema de la corrupción, la ineficiencia y la descortesía que lo afecta. Es necesario darle un compás de espera a la norma, a que sea ampliamente divulgada, que se inicie su reglamentación y su socialización entre las instituciones, EPS, IPS y demás, y entre las personas, tanto el personal administrativo, como entre el personal médico y paramédico, y principalmente entre los usuarios.
No se puede desconocer que el sistema depende de algunas variables externas, como es el crecimiento de la economía y la generación de empleo formal; la lucha contra la pobreza, que debe reducir el número de personas en el régimen subsidiado, y de la gestión pública que reclamamos debe estar en cabeza de un Ministerio autónomo, como era el Ministerio de Salud, hoy perdido en la fusión con el de trabajo, en la creación del embeleco del Ministerio de la (des) protección social.
El sector requiere un ministerio propio, una Superintendencia Nacional de Salud con más instrumentos y facultades para realizar la inspección, vigilancia y control, y unas secretarías de salud más fuertes.
Esperemos que esta nueva ley contribuya a mejorar el sistema de salud que hoy tienen los colombianos, pero debemos insistir en que muchas veces los problemas no están en las normas, sino en los funcionarios y las personas que deben aplicarlas. Hay que crear una nueva cultura en todo el sistema de respeto a los usuarios, de atención al cliente y de humanización de un sector en el cual, a pesar de tener inversión privada, debe primar el criterio de servicio público esencial para todos.