Definitivamente, el Estado sigue dando palos de ciego en materia de salud. A la grave crisis por la que pasa el sistema, se le agrega un elemento, aparentemente positivo, pero en el fondo muy perturbador: la unificación de los Planes Obligatorios de Salud (POS).
En efecto, según la norma respectiva, a partir del pasado 1 de julio los POS contributivos y subsidiados serán prácticamente los mismos, atendiendo razones de equidad y fallos de la Corte Constitucional sobre la materia; esa es la teoría.
No obstante, en la práctica, no está claro ni quien, ni como se va a financiar la unificación, que atenta contra la sostenibilidad del sistema, como lo han advertido voceros de las IPS, las EPS, expertos, y algunos secretarios de salud del país, incluyendo la del Cesar.
En la realidad, la unificación tiene muchos inconvenientes y terminará por hacer colapsar, de manera definitiva, un sistema que ya está agonizando. En primer lugar, es un estímulo a la informalidad laboral por cuanto, ahora, muchos empleadores buscarán que sus empleados no paguen afiliación al régimen de salud y harán alguna negociación por debajo de la mesa, como es común en Colombia. Ahora serán mayores los problemas de evasión y elusión al sistema de salud.
En segundo término, en el contributivo el trabajador y los beneficiarios, su familia, tienen que costear los copagos y las cuotas moderadoras; en el subsidiado, como su nombre lo indica, el costo de la mayor parte de los tratamientos, procedimientos y medicamentos corren por cuesta del Estado, seguramente a cargo del Fosyga.
Esta decisión, que estaba prevista para el próximo año, fue adelantada por el gobierno, sin ninguna razón aparente. Consideramos que la misma viene a agravar la crisis por la que pasan la gran mayoría de los hospitales del país, que ahora tendrán que asumir, en principio, estos nuevos costos, por cuanto, reiteramos, no está claro ni cuanto vale ni quien asumirá la diferencia entre el contributivo y el subsidiado.
Los gobernadores y alcaldes del país, incluyendo el del Cesar, y el de Valledupar, respectivamente, deben cuantificar muy bien cuanto vale, en cada caso, la unificación de los dos regímenes, para hacer los trámites presupuestales respectivos. El tema de la financiación es bien serio y no está nada claro con esta unificación.
Adicionalmente, consideramos que la unificación lo único que logrará es aumentar la congestión en la atención, agravar la difícil situación financiera del sistema y estimular una mayor informalidad laboral. El gobierno nacional debe evaluar la decisión mencionada y cuantificar mejor, y de cara al país, los costos de ofrecer un plan igual a quien trabaje que a aquel que no trabaja, por cuanto la decisión puede contribuir, a la larga, a informalizar aún más los mercados laborales en el país. Igualmente, se debe calcular el impacto de la unificación en las finanzas territoriales y determinar -con sinceridad-, si el remedio no es, en la práctica, peor que la enfermedad.