Colombia es un país de debates de un día. Los hechos ocurren con tal rapidez y el país presenta una realidad tan dinámica que las noticias duran menos de 24 horas. Este lapso, ahora, con el “boom” de las llamadas nuevas tecnologías es muchísimo menor.
Sin embargo, suceden hechos que trascienden este brevísimo plazo y tienen permanencia por la fuerza de las mismas circunstancias; uno de ellos es el tema de la reforma a la educación superior. Fue una de las noticias del año pasado, cuando miles de estudiantes salieron a las calles a marchar y lograron frenar la propuesta del gobierno, a pesar del poder monolítico de la Unidad Nacional en el Congreso de la República.
No obstante, en el país ha crecido la conciencia sobre la crisis por la que pasa buena parte del sistema de educación superior en Colombia. Lo sabe el gobierno, lo saben los dueños y directivos de las universidades privadas, lo saben los rectores de las universidades públicas, los profesores, los estudiantes, los padres de familia y los empleadores, entre muchos otros sectores.
Colombia requiere cambios urgentes, inaplazables en su sistema educativo, en general. Hablamos de todo el ciclo, desde la educación pre-escolar hasta la educación superior. Pero, en nuestro concepto es urgente la reforma a la educación superior, siendo consecuentes con lo que ha dicho el mismo gobierno y que generó las protestas del año pasado.
Hoy el sistema de educación superior adolece de serios problemas: fragmentación social, problemas de financiación, de acceso, cobertura, calidad y de empleabilidad, entre muchos otros. Muchas universidades extendidas por todos el país no están formando los profesionales y los ciudadanos que el país requiere.
Hoy una es la educación en las universidades privadas de más alto prestigio en las grandes ciudades, y otra – bastante distinta- la de otras universidades privadas que no cumplen en todos los programas y en todos los niveles con los parámetros mínimos establecidos por el mismo Ministerio de Educación Nacional y el ICFES. Son instituciones que se han mantenido gracias a una legislación permisiva, a intereses políticos y a una autonomía, establecida en la Constitución Política del 91, pero mal entendida y mal aplicada.
Para nadie es un secreto que falta mucha supervisión, regulación y control del Estado a muchas universidades, e instituciones de educación superior de carácter privado. Algunos de estos son verdaderas trampas donde caen estudiantes y padres incautos creyendo acceder y pagar educación de buena calidad, pero no hay tal. El mismo ICFES requiere una revisión a fondo de su visión y su forma de funcionar para poder cumplir con la sagrada labor de fomentar y supervisar la educación superior, como se concibió cuando se creó esa institución.
Pero tampoco la educación pública es sinónimo de calidad per se. Ese es otro mundo, sin el ánimo de generar ninguna discriminación se salvan algunas instituciones comenzando por la Universidad Nacional, la Universidad de Antioquia, la del Valle, y la UIS de Santander, entre algunas otras; pero, desafortunadamente, la gran mayoría de universidades públicas del país están presas de los políticos, el clientelismo y la corrupción. Todo lo anterior amparado en una mal entendida autonomía universitaria, pero de espaldas a la realidad nacional e internacional, y a los rápidos avances del conocimiento del mundo de hoy.
Teniendo en cuenta las anteriores consideraciones, ya era hora para que la actual Ministra de Educación Nacional, María Fernanda Campo, le presentara al país su propuesta de reforma a la educación superior para iniciar una discusión reposada de la misma, ante las universidades públicas, las privadas, los maestros, los gremios y los estudiantes, para avanzar en la urgente reforma a la educación superior. Colombia no puede seguir hablando de globalización, de tratados de libre comercio y de competitividad con el actual sistema educativo que tiene. La discusión de la reforma a la educación superior es un tema urgente e inaplazable, que debe comenzar ya para poder presentarla, formalmente, al Congreso de la República, el próximo 20 de julio.