El director general de Colombia Compra Eficiente, Andrés O’Meara, visitó Valledupar y en diálogo con el diario EL PILÓN explicó la funcionalidad de los pliegos tipo, habló sobre los mecanismos para la transparencia en la contratación y cómo están el Cesar y Valledupar en material contractual.
¿Cuál es el motivo de su visita a Valledupar?
Estuvimos en una reunión con Asocapitales, cuya presidencia está en cabeza de un mandatario costeño, Carlos Ordosgoitia, alcalde de Montería, y de anfitrión se encontraba el alcalde Mello Castro y la directora ejecutiva, Luz María Zapata.
¿Cómo está la contratación en Valledupar?
Hay unas mejoras sustanciales. Para poner un ejemplo, en el 2016, 2017 y 2018, la Alcaldía de Valledupar no utilizaba el Secop II. La actual Alcaldía viene utilizando cada vez más el Secop II. Las transacciones para este año ascienden a los $148.644 millones y en el 2020 fueron de $30.000 millones. Estamos hablando que la Alcaldía transó entre 2020 y 2021, en el Secop II, más de $180.000 millones.
$148.000 millones es una cifra muy interesante porque estas plataformas del Secop II consisten, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE, en una política de transparencia y datos abiertos. Cualquier persona puede ingresar a la plataforma Secop que administra Colombia Compra Eficiente e identificar qué está contratando la Alcaldía, cómo se firmó el contrato, como se está ejecutando y hasta el informe de liquidación del mismo.
Estamos hablando de más de 1.667 contratos que ha firmado la Alcaldía en lo corrido de este año, contratos a los que un periodista, un ciudadano o un órgano de control pueden acceder. Esa política de datos abiertos la está mejorando sustancialmente la Alcaldía de Valledupar y hay que reconocerlo, sin lugar a dudas.
Otro punto importante tiene que ver con los documentos o pliegos tipo. Anteriormente se hablaba de un pliego sastre a la medida de un oferente. Anteriormente en Colombia las entidades territoriales tenían un promedio de entre uno y tres oferentes, el promedio de la ciudad de Valledupar actualmente es de 62 oferentes.
Estamos viendo que las medidas y políticas públicas que formula Colombia Compra Eficiente en Bogotá están siendo acogidas por la Alcaldía, y eso hay que felicitarlo. Es muy valioso tener 62 oferentes en promedio para los contratos de obra. Esto quiere decir que están aplicando pliegos tipo y están haciéndolo de manera transparente.
¿A nivel departamental cómo está la contratación?
En la Gobernación también están utilizando el Secop II. En el 2017 y 2018 no lo utilizaban. Eso también es una política de transparencia y datos abiertos. En lo relacionado con los oferentes, la Gobernación con pliegos tipo tiene un promedio de 14 oferentes.
Para ser concreto, las políticas de datos abiertos y las de pliegos tipo las están implementado. Seguramente hay espacios y escenarios en donde requieren algún tipo de capacitaciones y nosotros siempre estaremos dispuestos a venir a Valledupar a generar conferencias virtuales para seguir capacitando y fortaleciendo a los servidores públicos de las alcaldías y de la Gobernación del Cesar sobre el funcionamiento de esta plataforma virtual.
¿Qué aspectos se deberían mejorar para que la contratación en el departamento sea más transparente?
En Colombia Compra Eficiente acabamos de expedir una circular que cumple con el Decreto 310 del 2021 y con la Ley 1955. Dicha ley consiste en que debemos obligar a las ciudades capitales, departamentos y a cada vez más municipios a que compren los bienes uniformes a través de la tienda virtual del Estado colombiano.
Es una plataforma que administra Colombia Compra Eficiente y funciona como una especie de Amazon del Estado, en donde si un municipio requiere adquirir computadores en lugar de abrir una licitación de tres meses entra a la tienda virtual y surge una orden de compra con los proveedores que previamente han licitado ante la Agencia Nacional de Contratación Pública-Colombia Compra Eficiente.
Este es un escenario que se viene conversando con los alcaldes, gobernadores y puede ser fortalecido porque es novedosa la norma. El decreto acaba de salir y la vinculación va a ser progresiva año tras año hasta que todo el Estado esté definitivamente vinculado. Con ello tendremos que generar más pedagogía en las entidades territoriales.
¿Cuáles son los desafíos en materia contractual para el país?
Yo creo que hay que ir pensando en una reforma al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública porque la Ley 80 se está aplicando únicamente en el 55 % de los recursos públicos, no por ilegalidad, sino porque hay 172 regímenes de derecho privado. A eso que se le llama Estatuto General de Contratación se está volviendo un estatuto excepcional de contratación porque muchas entidades por su naturaleza jurídica no están obligadas a cumplir con la Ley 80.
Eso debe ser revaluado para que entremos en una legislación del siglo 21 con tecnologías de la cuarta revolución industrial, blockchain, inteligencia artificial, ciencia de datos, procesos licitatorios mucho más cortos y quizás con la temporalidad de una selección abreviada, para pasar de licitaciones de 3.5 meses a licitaciones de mes y medio; que se revise el principio de anualidad, porque en muchas ocasiones un alcalde recibe los recursos en agosto y tiene que abrir la licitación en septiembre, y a veces no alcanza a adjudicarla antes del 31 de diciembre y se vuelven a perder los recursos.
Ahora hay una sistematización tanto en el Ministerio de Hacienda como en las plataformas contractuales, por lo que debemos revisar el principio de anualidad y que haya una contratación más sencilla, eficiente y transparente. Hoy hay más de 2.450 normas de contratación pública, no debería haber más de 150, máximo 200 entre leyes y reglamento; con ellas trabajarían todas las entidades del Estado sin excepciones.
¿Qué son los pliegos tipo?
Los pliegos tipo los estructura previamente Colombia Compra Eficiente en virtud de la Ley 2022 del 2020. Bajo esa ley las entidades que van a contratar obras públicas lo deben hacer atendiendo el pliego tipo de Colombia Compra Eficiente. En él se piden requisitos objetivos y proporcionados. Si por ejemplo van a construir una carretera de 10 kilómetros se solicitan cuatro contratos que sumados tengan esos 10 kilómetros.
Es una experiencia y unos requisitos habilitantes que puedan cumplir 10,15, 20 y hasta 40 empresas. Con él se les da más oportunidades a las Pymes de ingeniería para que sean parte del mercado de contratación estatal. Eso ha hecho que en la ciudad de Valledupar estemos hablando de 62 oferentes en los procesos de obra mientras que hace unos años eran uno, dos o tres oferentes. Eso resulta bastante positivo porque representa más transparencia.
¿Cómo ha sido esa lucha contra los pliegos sastres?
Básicamente, la Agencia Nacional de Contratación Pública-Colombia Compra Eficiente le hace seguimiento a través de un observatorio que creamos. Por medio de ese mecanismo se identifican las entidades públicas que no están cumpliendo con los pliegos tipo y naturalmente nos encontramos en el deber de remitir la información a los órganos de control, concretamente a la Procuraduría General de la Nación; si se considera que pudo haber un delito a la Fiscalía General de la Nación.
¿Por qué es tan bajo el promedio de aspirantes que se presentan por licitación?
En el país hay una información errada o interpretada erróneamente. Se dice que el 85 % de la contratación es directa, pero no es por corrupción. Lo que significa es que los contratos de prestación de servicios que hacen las entidades públicas para obtener los servicios de un ingeniero, un comunicador social, un abogado o un contador son producto del déficit de talento humano que tienen las 6.700 entidades del Estado.
Estos contratos de prestación del servicio son directos. De este tipo son casi 600.000, dichos contratos naturalmente inflan la estadística porque si las 6.600 entidades públicas adquieren 600.000 contratos de prestación de servicios se está hablando de que es una cifra porcentualmente muy alta, pero no quiere decir que sean obras contratadas directamente, las obras se licitan.
No es que realmente el 85 % de los contratos sean directos, lo que ocurre es que tenemos un problema de falta de talento humano y los contratistas de prestación de servicio inflan las tarifas. Normalmente, la regla general de la contratación es la licitación pública.