Ha llegado el momento para que los congresistas del Cesar transformen en hechos concretos sus discursos eufóricos de campañas electorales en pro de la Universidad Popular del Cesar, UPC.
Pero no solo los congresistas del Cesar sino también los de departamentos como La Guajira, Magdalena, Bolívar, entre otros, cuyos jóvenes se trasladan a Valledupar o Aguachica para adelantar sus estudios superiores en la UPC.
Decimos que es el momento oportuno en razón a que este martes 3 de septiembre de 2024 fue radicado en la Secretaría General del Congreso de la República el proyecto que busca modificar los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992, por medio de los cuales se determina el régimen financiero de las universidades públicas de Colombia y que en la actualidad es incoherente frente a la realidad presupuestal de la educación superior en las regiones, como es el caso de la UPC en el Cesar.
Se trata del denominado “Acuerdo Nacional por el rescate financiero de la Educación Superior Publica”. Por el momento hay buen ambiente, pues el acto de radicación del proyecto en mención fue convocado por el mismo ministro de Educación, José Daniel Rojas Medellín, quien invitó a los rectores de las universidades públicas del país, congresistas y voceros de diferentes sectores, entre otros, para que brindaran acompañamiento al proceso.
El rector de la UPC, Rober Romero Ramírez, se mostró optimista frente a esta iniciativa, pero es consciente que el proceso apenas comienza y se necesita del concurso decisivo del Congreso de la República, en especial de los parlamentarios del Cesar y departamentos aledaños, esa gestión debe adelantarla la bancada cesarense. Además, el proyecto fue radicado sin el aval fiscal de Ministerio de Hacienda y por ello se necesitan muchos padrinos de alto peso.
Hay muchas razones financieras de peso para que nuestros congresistas del Cesar asuman el compromiso de defender esta causa, entre ellas la brecha existente entre las principales universidades oficiales del país frente a otras como la UPC. Solo para mencionar un caso, mientras la Universidad Nacional en Bogotá tiene una cobertura del 140 % y recibe $23 millones por cada estudiante matriculado, la UPC solo cubre el 34,9 % de la demanda educativa y la transferencia obtenidas por estudiante es de $3 millones. Como se puede ver, la diferencia es altamente desproporcionada.
Es hora entonces de hacer causa común con todas las instancias de poder del Cesar para que este proyecto logre en este periodo los debates reglamentarios en Cámara y Senado de la República y obtenga la aprobación en el presente año 2024.
Por el momento es la única alternativa que queda para mejorar las transferencias presupuestales para la Universidad Popular del Cesar, y para otras de su misma naturaleza, debido a que no hubo consenso ni la suficiente gestión para realizar una reforma estructural de la Ley 30 de 1992 y por ello el nuevo ministro de Educación decidió no avanzar en la fracasada propuesta de ley estatutaria en educación ni en la reforma de la Ley 30, sino únicamente la modificación de los artículos 86 y 87, tras considerar que, “aunque perpetúan la inequidad en la asignación entre las propias IES”, representa una luz de esperanza para los rectores de contar con recursos adicionales.