A pesar del riesgo climático, de los cambios en materia de política arancelaria y de precios, de la inseguridad jurídica en la propiedad rural y el recorte del presupuesto de inversión en bienes públicos y fomento a la productividad, al sector agropecuario no le fue tan mal este año.
La implementación de la estrategia del ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, Aurelio Iragorri, orientada a incentivar la productividad y el ordenamiento de la actividad agropecuaria, dio como resultado que este año se aumentara la superficie agrícola en más de 230.000 hectáreas nuevas y la producción de alimentos en más de 32 millones de toneladas. También se rompieron los récords en desembolsos de créditos al sector agroindustrial (más de 10 billones de pesos), se titularon unos 600.000 predios a pequeños campesinos y se consiguió admisibilidad a 23 productos agrícolas en 56 países del mundo.
Desafortunadamente, algunos ministros de otras carteras -con agenda política propia- no confiaron en esta acertada estrategia y frustraron este importante programa de incentivo a la competitividad del sector agropecuario del país. Mientras el ministro Iragorri, impulsaba una política de incentivos a la producción agrícola nacional, el ministerio de Comercio, fomentaba las importaciones de materias primas y alimentos sin arancel.
Mientras el ministro de la cartera agraria, trataba de incentivar las inversiones privadas en sistemas de riego y mecanización de cultivos, el Ministerio de Hacienda, le recortaba el presupuesto a estos programas. Mientras impulsaba la política de Biocombustibles, el ministerio de Minas y Energía, incumplía los acuerdos de mezcla y precio de los biocombustibles.
También le frustraron el programa de las escuelas de emprendimiento rural en el ministerio de Educación y el plan de vías veredales en el ministerio de Transporte. Para rematar, le crearon un par de entidades -La Agencia Nacional de Tierras y la Agencia de Desarrollo Rural), que no han podido cumplir con su objetivo.
Los 350.000 millones de pesos que se gastó el Gobierno Nacional en el censo agropecuario y los otros millones más en estudios de la Misión Rural, pueden terminar en la caneca de la basura. Los diagnósticos y recomendaciones formulados por los expertos para dar solución a los problemas encontrados en el sector rural, se han quedado engavetados en los escritorios de estos ministros. La descoordinación es total.
Se construye una doble calzada de Bogotá a Anapoima, para visitar las fincas de recreo en los puentes festivos, pero no se construye la vía Puerto Gaitán (Meta) a Puerto Carreño (Vichada) para poner a producir las fincas de esa apartada del país. Se regalan 100.000 viviendas anuales en las ciudades, cuando deberían construirse en las zonas rurales del país para controlar el éxodo de jóvenes campesinos del campo a la ciudad. Se conceden becas a jóvenes pilos de las ciudades, pero no se instituye un programa de becas para jóvenes rurales.
Con estas incoherencias y frustraciones, va a ser muy difícil que Colombia se convierta en una despensa mundial de alimentos, tal como lo afirmó el presidente Juan Manuel Santos el pasado jueves en la pasada plenaria de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura -FAO-.